BRASILIA (AP) — Las empresas encuestadoras brasileñas enfrentan la amenaza de sanciones después de que sus sondeos para la primera vuelta de las elecciones subestimaron significativamente el apoyo al presidente y a sus aliados.

El Ministerio de Justicia pidió una investigación de la Policía Federal, mientras que el regulador antimonopolios lanzó el jueves una pesquisa sobre si los encuestadores formaron un cártel para manipular los resultados electorales. Sus aliados en el Congreso están impulsando diversas iniciativas de ley, una de las cuales establecería penas de prisión para los encuestadores que no pronostiquen los resultados con exactitud.

Varios analistas consultados por The Associated Press, incluso aquellos que dijeron que las encuestas tienen espacio para mejorar, criticaron estos planes.

“El principal objetivo no es mejorar las encuestas electorales, sino perseguir y castigar a los institutos”, expresó Alberto Almeida, quien dirige el instituto de investigación política Brasilis. “Hubo errores, pero votar un proyecto de ley, hacer una investigación en el Congreso, es una vergüenza. Querer penalizar esto no tiene sentido”.

Antes de la votación del 2 de octubre, muchas encuestas indicaban que Bolsonaro estaba muy por detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Algunas incluso indicaban que Lula podría conseguir una victoria en la primera vuelta. La mayoría mostraba una diferencia que se acercaba o superaba los dos dígitos.

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Pero Bolsonaro quedó a cinco puntos de Lula y ambos se medirán de nuevo en una segunda vuelta el 30 de octubre. Los aliados de derecha de Bolsonaro en las elecciones al Congreso y a cargos de gobernadores también obtuvieron mejores resultados de lo que indicaban las encuestas.

Durante las campañas electorales, Bolsonaro y sus simpatizantes se mofaron de las encuestas, y señalaban los mítines del mandatario repletos de gente. Esos, dijeron, representaban su verdadero apoyo.

Después de las elecciones, tomaron los resultados como prueba y se produjo una avalancha de ataques.

El ministro de Justicia, Anderson Torres, pidió a la Policía Nacional que investigara a las encuestadoras. El 4 de octubre escribió que la conducta de esas empresas parecía indicar una práctica delictiva, aunque no especificó qué ley podrían haber infringido.

La policía abrió su investigación el jueves, así como la entidad antimonopolios. Pero el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien también supervisa el tribunal electoral, bloqueó ambas investigaciones ese mismo día.

“Estas investigaciones parecen demostrar la intención de satisfacer la voluntad electoral (de Bolsonaro)”, escribió De Moraes en su fallo.

Por su parte, un senador progubernamental solicitó al Senado que investigue cuáles son los institutos que operan “fuera de los márgenes tolerables”.

Y la bancada de Bolsonaro en la cámara baja presentó un proyecto de ley para penalizar las encuestas realizadas dentro de los 15 días previos a las elecciones cuyos resultados difieran considerablemente con los de las urnas.