Brasilia.- El Senado brasileño comienza a decidir mañana el destino de la presidenta Dilma Rousseff, suspendida desde mayo y que puede ser finalmente destituida la semana próxima, lo que confirmaría en el poder al ahora mandatario interino, Michel Temer.

En caso de que Rousseff sea despojada de su cargo, Temer seguirá en la Presidencia hasta el 1 de enero de 2019, cuando finaliza el actual mandato, pero si el Senado absuelve a la mandataria, esta recuperará el poder una vez que se publique la sentencia.

La decisión definitiva se prevé que será tomada entre el martes y el miércoles próximos, después de unas maratonianas audiencias que empezarán este jueves con la comparecencia de dos testigos de la parte acusadora y otros seis presentados por la defensa, que desde hoy estarán recluidos e incomunicados en un hotel de Brasilia.

Todas las sesiones serán dirigidas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Lewandowski, quien actúa como garante constitucional del proceso, que la mandataria y sus seguidores han calificado desde el inicio como un “golpe de Estado” cuajado en el Parlamento.

Una vez que sean escuchados los ocho testigos, lo cual se prevé que concluirá la noche del viernes o la madrugada del sábado, el juicio será retomado el lunes, cuando Rousseff comparecerá personalmente para presentar su defensa.

“Voy al Senado porque creo en la democracia. Debo eso al pueblo brasileño. No voy porque creo en la belleza de mis ojos. Tengo absoluta claridad de lo que están haciendo. Sé que es una injusticia y mi presencia es muy incómoda, extremadamente incómoda”, declaró Rousseff este martes, en un acto con cientos de sus partidarios.

En la que será su primera y única comparecencia al Senado desde el pasado 12 de mayo, cuando fue suspendida de sus funciones y se instauró el juicio político, la mandataria dispondrá de media hora para exponer sus alegatos.

Luego, en lo que muchos anticipan que serán los momentos de mayor tensión en todo el juicio, Rousseff deberá responder a las preguntas que puedan formular los 81 senadores, que en una clara mayoría ya se han manifestado en favor de su destitución.

Para que Rousseff sea definitivamente desalojada de un poder que en ese caso seguiría ejerciendo Temer, será necesario que lo apruebe una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios de los escaños del Senado.

Encuestas publicadas por la prensa local dicen que el menos 51 senadores han anticipado su apoyo a la destitución, frente a 19 que declararon su apoyo a Rousseff, mientras que en el entorno de Temer cuentan con unos 60 votos en contra de la mandataria.

A pesar de esas ligeras divergencias, está claro que en el Senado se ha configurado una clara mayoría favorable a la destitución, que ya se manifestó hace unos diez días, en una votación en la que el pleno decidió por la continuidad del proceso por 59 votos contra 21.

Frente a eventuales manifestaciones de los movimientos leales a la presidenta y aquellos que exigen su destitución, se ha reforzado la seguridad en los alrededores del Senado e instalado una valla de un kilómetro de longitud para separar a unos de otros.

Sin embargo, hasta ahora ninguna de las dos partes ha convocado movilizaciones y las propias autoridades de la capital prevén que la presencia de manifestantes será mínima, lo que ha sido atribuido al “cansancio” de los brasileños con un proceso que se arrastra desde diciembre del año pasado.

Si se confirmara la destitución de Rousseff, Brasil estará ante un cambio de Gobierno y también de orientación política, pues pasará de la concepción de Estado omnipresente defendida por la mandataria a la tesis del “Estado mínimo” que propone Temer.

El presidente interino, que desde mayo afirma que gobierna como si fuera “para quedarse”, participó hoy en el anuncio de un plan para reducir la burocracia en el proceso de exportación de productos agrícolas, pero sin hacer una sola alusión al proceso.

Las dudas sobre la orientación política del Gobierno a partir del fin del proceso han mantenido estancada a la economía del país, que en parte contaminada por la crisis política cayó un 3,8 % en 2015 y se prevé que se encogerá otro 3,2 % este año.