El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele pidió el martes al Congreso que prorrogue nuevamente el estado de excepción que suspende derechos constitucionales mientras se aplican políticas de mano dura contra las pandillas. De aprobarse esta extensión, las medidas temporales estarían vigentes durante al menos un año desde que se aprobaron en marzo del año pasado.

Las autoridades responsabilizan a las maras o pandillas de la mayoría de crímenes registrados en los últimos años en el país centroamericano y atribuyen a su política de mano dura, fuertemente criticada por vulneraciones a derechos humanos, una mejora en las cifras sobre niveles de violencia.

“Los resultados históricos obtenidos en materia de seguridad nos confirman que vamos por el camino correcto, transformando el país“, pronunció el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la petición de prórroga por otros 30 días. “Hemos cerrado enero como el mes menos violento”, presumió reiterando el planteamiento oficial sobre la caída de muertes violentas.

Villatoro advirtió que el régimen de excepción no terminará hasta que capturen al último pandillero.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos a los derechos humanos, en el marco del estado de excepción en El Salvador que suspende la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.

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Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

El funcionario detalló que han capturado a más de 64.000 personas acusadas de ser miembros o colaboradores de las pandillas. De estas, 57.000 tiene detención provisional decretada por un juez y más de 3.745 personas han sido liberadas debido a que no se pudo establecer un verdadero vínculo con estas estructuras criminales.

Entes de los derechos humanos han insistido en denunciar reiteradas irregularidades, entre ellas, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y hasta la muerte de algunas personas en custodia del Estado. En los primeros diez meses de vigencia del estado de excepción, siete organizaciones defensoras de los derechos humanos dicen haber recibido 5.564 denuncias por “abuso de poder” de las autoridades y la mayoría se refieren a capturas arbitrarias.

La Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista, aprobó por primera vez el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, un día después de que se registraran 62 homicidios en un solo día, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo.

Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar mientras existan las causas que lo originaron.