Estoy seguro, y sospecho que usted también, querido lector, de que ese proyecto de ley irá a engrosar el copioso anecdotario de ocurrencias y genialidades de nuestros legisladores, que al igual que las autoridades responsables de la seguridad pública siguen sin entender, o así lo evidencian sus acciones y decisiones, que el eficaz combate a la delincuencia empieza por atacar sus causas, no sus efectos y consecuencias, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora.

Es lo que explica que estemos como estamos: al punto de coger el monte ante el acoso de unos delincuentes que, de regreso a la normalidad tras el forzoso receso que impuso la pandemia, no descansan ni de día ni de noche; como si quisieran recuperar, a costa de nuestra tranquilidad, el tiempo perdido.

Pero no será obligando a los usuarios de cabañas y moteles a presentar su cédula de identidad o pasaporte para poder disfrutar de sus servicios que se conseguirá contener sus embates, aunque el autor del proyecto, el diputado peledeísta Luis Henríquez, diga en uno de sus considerandos que “están siendo utilizadas como zonas francas por los delincuentes”.

Una evidente exageración que ha provocado que lo quieran crucificar en las redes sociales, donde hay mucha gente preguntándose si ese diputado pretende retrotraernos a los tiempos de la Dictadura, o sentar las bases de un estado policial en el que todos estemos bajo control y vigilancia.

Por suerte ese proyecto, como señalé mas arriba, no pasará del alboroto que ha provocado, mientras la delincuencia continúa su azote sin recibir la respuesta apropiada de las autoridades responsables de enfrentarla. A esas autoridades es que hay que exigirles que actúen con mayor firmeza y determinación, pues los antisociales les han perdido el miedo y el respeto.

Y que dejen tranquilos a los moteles y las cabañas, que no tienen la culpa de que algunos legisladores, por hipócritas o mojigatos, no sepan apreciar su contribución a la paz social.