Desde alcaldes hasta ministros han salido a defender, todos a una, la reforma fiscal, a la que el gobierno llama, eufemísticamente, “ley de modernización fiscal”, como si con eso pudiera atenuar su amargo sabor, sobre todo para la clase media, que según los economistas será la que cargue más pesado. Y lo propio ha hecho el partido de gobierno, el PRM, que argumentó en un comunicado que es un paso fundamental para reanimar el sistema tributario dominicano, “para que sea más justo, eficiente y competitivo”.

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Mientras tanto, en sectores del Distrito Nacional conocidos por ser santuarios de la clase media alta, como Naco, Piantini, Bella Vista y Gascue, entre otros, empiezan a reaccionar haciendo sonar las cacerolas en señal de protesta; y van a seguir sonando, pues motivos tienen de sobra. En San Francisco de Macorís, sin embargo, harán mucho más que protestar con los cacerolazos que se hicieron tan populares en el segundo gobierno de Danilo Medina, ya que el Colectivo de Organizaciones Populares y la Coordinadora Campesina convocaron a una huelga para el lunes 28 y el martes 29 de octubre en rechazo de la reforma fiscal, pero también de las largas tandas de apagones con las que, al igual que en otras zonas del país, están siendo castigados. Sus voceros señalaron que serán 48 horas en las que la población manifestará su repudio total a las medidas inconsultas del gobierno y a la falta de atención a sus necesidades básicas.

Con su aplastante mayoría congresional es una tentación para el gobierno aprobar la reforma fiscal como fue concebida, sin dar oportunidad a los sectores que piden ser escuchados y cerrándose a cualquier rectificación, pero sería tremendo error. Como también lo sería subestimar su costo político, y más que nada sus efectos sobre la gobernanza, siempre frágil en sociedades donde la inequidad no para de crecer ni tampoco la deuda social con los sectores más empobrecidos, deuda que tarde o temprano van a salir a cobrar. Y no será de buen modo.