El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este lunes la fortaleza del expediente presentado por el Ministerio Público contra Juan Alexis Medina Sánchez y los demás involucrados en el expediente por corrupción administrativa del Caso Pulpo.

“La situación concreta sobre este proceso, es que la defensa ha venido una vez más al tribunal a pedir más tiempo, y esto es la consecuencia de que la cantidad y la calidad de las evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este proceso tienen la fortaleza de un huracán categoría cinco”, enfatizó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Explicó que esto obliga a las defensas a ser reiterativas con relación al tiempo. “Incluso, le hemos dicho al tribunal que en algunos casos no nos hemos opuesto a que les den el tiempo por estas razones, sobre todo, porque el tiempo no va a variar esta realidad de la contundencia de esta acusación”, subrayó.

Camacho se refirió al tema al responder preguntas de la prensa, luego de que el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidiera aplazar la audiencia preliminar del caso para el próximo 16 de mayo, a las 9:00 de la mañana, por la ausencia en las primeras horas de dos abogados de las defensas y de los imputados Paola Molina y Carlos Montes de Oca.

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Ambos imputados se presentaron al tribunal horas después de haber iniciado el proceso y luego de que fueran dictadas en su contra órdenes de conducencia.

En Rebeldía

Wilson Camacho detalló que el Ministerio Público solicitó al tribunal declarar la rebeldía a esas dos personas que habían sido citadas y no habían comparecido. “Estas personas una vez se declararon rebeldes comparecieron y el tribunal ordenó notificarles las piezas del proceso y deben estar presentes en una próxima audiencia”.

Destacó que el Ministerio Público ha sido diligente con todas las defensas que han solicitado informaciones. “Las hemos entregado, y la hemos entregado a tiempo”, dijo.

Reiteró que “este Ministerio Público es un guardián del debido proceso y así lo estamos haciendo”, al tiempo de destacar que “la contundencia de esta acusación es un hecho innegable”.

Con el aplazamiento, se anuló el calendario anterior de audiencias, por lo que el magistrado Peguero ahora deberá realizar una nueva programación.

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El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de formar parte de un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

Juan Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañía son imputadas en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas.

Además de Medina Sánchez, el caso se sigue contra los coimputados Fernando Rosa, quien dirigió el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Wacal Bernabé Méndez Pineda y de José Dolores Santana Carmona, así como de Fernando Rosa, quien dirigió el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).Todos cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Otros involucrados

En el caso también está involucrada Carmen Magalys Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fonper para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como
gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.

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También, Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esa unidad estatal.

La acusación del caso presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al ex
contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.