Loyda Peña 
De 27,315 presos preventivos que guardan prisión en las 19 cárceles tradicionales del país, el 54.7 por ciento (14,941) están acusados de delitos menores, mientras que el 40% (10,926) duermen en el piso por falta de camas.
Algunos hacen hamacas con sábanas que cuelgan de los barrotes de las celdas.
Esto revela la existencia de un exceso de prisión preventiva, con una cantidad de personas con problemas de salud física y mental, así como carencias en el sistema que imposibilitan la reinserción social de estas personas.
El dato lo dio a conocer Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), quien precisó que en las 19 cárceles del viejo modelo hay enfermos con distintas dolencias y hasta enajenados.
“Esta situación constituye un inminente riesgo a la violencia, vida, salud, incendios, motines, fugas, maltratos y violación de los privados de libertad”, expresó.
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En 2021 el sistema carcelario tradicional contaba con 27,315 presos.
Con ese informe dado a conocer por ONDP, el drama de los presos en las cárceles del modelo tradicional fue vuelto a poner ayer sobre el tapete con toda su crudeza.
Advierte que la situación de los 27,323 presos que conviven en las 19 cárceles del viejo modelo, entre los que hay enfermos con distintas dolencias y hasta enajenados , constituye un “inminente riesgo a la violencia, vida, salud, incendios, motines, fugas, maltratos y violación de los privados de libertad”, y un desafío para el Estado y el sistema de justicia y penitenciario.
El informe fue dado a conocer por Valentín en un acto realizado en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con la presencia de funcionarios y personalidades de la sociedad civil vinculadas con el tema.
Asimismo, dijo que la institucionalidad del sistema estaría debilitada por la disminución de su presupuesto, poco personal técnico y de custodia.
Indicó que en las cárceles de La Victoria, Baní, Azua, San Juan y Barahona el hacinamiento es deplorable; y que en las de Salcedo, Nagua y Samaná no se puede hablar de que hay una verdadera separación entre hombres y mujeres, “lo que conlleva a una verdadera vulneración al derecho a la intimidad y al honor”.
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Para el director de la Defensoría Pública, el gran problema en República Dominicana no radica en los centros penitencias (modelo nuevo o tradicional) como forma de control, sino, en que “la política que el Estado plantea para el respeto de los derechos humanos, y lo que se realiza en la práctica son, hasta cierto punto, dos caras de una misma moneda”.
“El Estado plantea a través de la norma respecto de lo que debe hacerse pero en la práctica no se realiza”, indicó Valentín.
Y dice más: “Las autoridades se esmeran en plantear programas y sistemas penitenciarios que llevan consigo el respeto a la dignidad, pero es en cierta medida irónico”.
La investigación fue realizada por un equipo de juristas encabezados por Elizabeth Rodríguez, miembro de la Comisión de Cárceles de la ONDP.
