En la continuación de la lectura de la acusación del caso Antipulpo ante el juez Delby Timoteo Peguero, el Ministerio Público detalló ayer la forma en que el supuesto entramado societario dirigido por Alexis Medina Sánchez, habría estafado al Estado con RD$3,500 millones a través del Ministerio de Obras Públicas con la venta ilegal de AC-30.

De acuerdo con el expediente, durante la investigación del caso el MP pudo comprobar que el expelotero de grandes ligas Samuel Peralta Sosa, mejor conocido como Sammy Sosa, tenía interés de entrar al negocio del AC-30, principal material asfáltico utilizado por el MOP para la construcción y mantenimiento de las carreteras.

Indica que con esa intención trajo al país desde el puerto de Gibraltar, España, un barco con 29,000 barriles de AC-30,y ante las dificultades para obtener puerto, acudió a Alexis, a quien conocía de actividades políticas en las que habían participado juntos, y sabía que utilizaba su condición de hermano del presidente Danilo Medina para tráfico de influencia.

Agrega que con la colaboración del hoy imputado, Sosa consiguió que el exdirector de la Autoridad Portuaria Apordom) Víctor Gómez Casanova gestionara que la empresa Cementos Andino Dominicano traspasara a Overseas Petroleum Group los derechos de arrendamiento que tenía con Apordom para hacer uso del Muelle número 1 del puerto de Andrés, Boca Chica.

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Dice que el 28 de noviembre del 2016 Gómez Casanova y el imputado Julián Esteban Suriel, gerente general de Overseas, firmaron el nuevo contrato de arrendamiento de un almacén y un área de terreno contiguos para ser utilizados como centro de acopio y almacenamiento “de cargas sueltas y graneles sólidos y líquidos”.

Indica que para obtener los derechos de arrendamiento, Overseas tuvo que pagar RD$ 6,000 000 que Cementos Andino debía a Apordom, dinero que fue aportado por Sosa.

Dice que ya con “un puerto y un barco con AC-30”, Sosa volvió a recurrir a Alexis para que le gestione un encuentro con el Ministro del OP Gonzalo Castillo, para obtener un contrato para vender al Estado Cemento Asfáltico (AC-30) a través de esa institución.

Indica que en una de esas reuniones, realizadas en el despacho de Castillo, participaron los acusados Alexis, Suriel Suazo, Sammy Sosa y José Antonio Peralta Sosa.

Según la acusación del caso, la intención de Sammy Sosa era adquirir los contratos con el Estado a través de la empresa Overseas, pero como esta no era proveedora del Estado, “se asociaron con la acusada General Supply Corporation S.R.L., donde figuran como “socios” el acusado Suriel Suazo y Messin Elías Márquez Sarraff, fungiendo estos como prestanombres de Alexis, para vender el AC-30 al Estado”.