La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso hoy arresto domiciliario contra Gonzalo Castillo, uno de los implicados en una «red de corrupción» que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos, la cual fue desarticulada mediante la Operación Calamar.

Además, según el abogado Félix Portes a Castillo le fue impuesta una fianza 20 millones de pesos mediante contrato de compañía aseguradora y la prohibición de salir del país.

De acuerdo a Laura Acosta, abogada de Castillo será el 10 de abril cuando se dará a conocer el fallo íntegro.

También, la magistrada dictó 18 meses de prisión preventiva a cumplir en Najayo para los ex ministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta.

Asimismo, Romero impuso presentación periódica e impedimento de salida a Aldo Antonio Gerbasi Fernández.

Algunos detalles del caso

Se recuerda que los imputados que no acordaron una medida de coerción con el Ministerio Público se encuentran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y Aldo Antonio Gerbasi.

En cuanto a los imputados que se han admitido su participación en esta estructura y logrado un acuerdo con el órgano de justicia se cuentan: el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación.

Así como también Yahaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández.

MP sobre los acusados

El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado por expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.