Loyda Peña 
Donald Guerrero
Cinco querellas constituidas y depositadas contra todos o parte de los imputados en la operación Calamar y otros exfuncionarios por supuesta estafa contra el Estado, de sindicatos de choferes, y personas particulares, los querellantes solicitan indistintamente prisión preventiva de 18 meses, pago de compensaciones millonarias y embargos de bienes de los procesados.
Tales son los casos del Estado Dominicano y de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano (Fenattrasc), que a nivel nacional agrupa a 10 sindicatos de choferes, que además solicitan que sus querellas sean incluidas dentro del proceso que se sigue al grupo de Calamar y cuya medida de coerción está pautada para conocerse mañana a los 9:00 en el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
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De los encartados en Calamar, tanto en la querella presentada del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, como en la de Fenattrasc, figuran el exministro de Hacienda Donald Guerrero, a quien el Ministerio Público acusa en el caso Calamar como supuesta cabeza del entramado que habría estafado al Estado con más de RD$19,000 millones.
También repiten como imputados el exministro administrativo José Ramón Peralta, y aparecen como nuevos encartados el exadministrador del Banco de Reservas Simón Lizardo; y el exministro de la Presidencia Gustavo Montalvo. Todos de la pasada administración.
La querella del Estado está basada en los mismos delitos generalizados que preliminarmente le atribuye el Ministerio Público a los imputados en Calamar en la solicitud de medida de coerción: coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública y privada; prevaricación, desfalco, estafa, lavado de activos, sobornos o cohecho de funcionarios.
También asociación de malhechores y otros; y solicita una compensación de RD$26,880.9 millones por daños y perjuicios.
