Luego de constatar que los medios de pruebas ofertados por el Ministerio Público cumplen con las previsiones de legalidad, utilidad y pertinencia establecidas en la norma, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Janibet Rivas, envió ayer a juicio de fondo a todo los imputados en el caso Coral. También confirmó las distintas medidas de coerción que pesa sobre cada uno de ellos, y la retención de los bienes incautados.

Las medidas afectan al mayor general Adan Cáceres Silvestre; el teniente general Rafael Núñez de Haza; los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes; el coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz; el capitán de navío Franklin Mata Flores; y los mayores Raúl Alejandro Girón Jiménez, José Manuel Rosario Pirón y Pedro Roberto Castillo.

También a los coroneles Miguel Alfredo Ventura Pichardo y Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara; la teniente Jehohanan Rodríguez Jiménez; el raso Tanner Flete Guzmán y su madre, la pastora Rossy Guzmán; Erasmo Roger Pérez; la exgerente del Banco de Reservas Esmeralda Ortega Polanco; Santiago Suárez Peguero y Epifanio Peña Lebrón.

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Además, a Elida Trinidad, Emmanuel Alba, Erik Pereira, Guillermo Torres Robiou, Julio de los Santos, Kelman Santana, Lucía de los Santos Viola, Manuel Alba Solano, Miguel Ventura Pichardo, Onoris Soto de los Santos, Pedro Castillo Nolasco y Raymer Rosado.

La decisión de la magistrada Rivas es aplicable también para 14 empresas encartadas en el proceso que se le sigue al grupo imputado de supuestamente ser parte de un entramado criminal que desde los Cuerpos de Seguridad Presidencial (Cusep) y Especializado de Seguridad Turística (Cestur); y el Conani, habrían estafado al Estado dominicano con RD$4,500 millones durante los gobiernos presididos por Danilo Medina.

Las pruebas

La magistrada Rivas dijo que de las 2,124 pruebas documentales ofertadas por el MP fueron admitidas en su totalidad las de la Cámara de Cuentas relativas a la declaración jurada; Impuestos Internos, relacionadas con actividades investigadas en el proceso; Tesorería Nacional y Onapi; y parcialmente las de la Junta Central Electoral (JCE), relativa al árbol genealógico de los imputados.

Indicó que los imputados Cáceres Silvestre, Torres Robiou, Girón, Ventura, Asociación Campesina Madre Tierra, Ministerio “Vino, Vino y Vuelve”; R y G Soluciones y Rawel Importadora, centraron su estrategia de defensa en establecer planteamientos a falta de inconstitucionalidad, incidentes, inadmisibilidades y exclusión de la prueba en cuanto a legalidad, utilidad y pertinencia.

Sin embargo, dijo que del análisis del expediente “se constata la existencia de circunstancias fácticas probables, de destinos de fondos estatales de la institución en que intervenían estos en sus distintos roles, aunado a informaciones inclinadas a un enriquecimiento que desborda su poder adquisitivo en tanto las actividades laborales, comerciales lícitas que se registran que fueron manejados por ellos”.

El tribunal “ha podido sostener que existe una promesa razonable que da cuenta que tanto a las pruebas acreditadas que sí se podrán probar en el juicio las proposiciones fácticas del órgano fiscal, por lo que conforme al artículo 3 del Código Procesal Penal dicta auto de apertura a juicio”, dijo.

En lo que tiene que ver con los imputados Erasmo Roger, Kelman Santana, Epifanio Peña, Hacienda Kelman, MJTRESV Agroindustrial, y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, dijo que respecto del primero “existen pruebas documentales y periciales que hacen referencia a la imputación de lavado de activos que le hace el Ministerio Público.

Respecto de Santana la jueza refirió que la defensa técnica estableció que no existe vínculo entre él y los hechos imputados, ni con Cestur ni con los imputados del proceso en cuanto a operaciones ilícitas.

Sin embargo, “El Ministerio Público cuenta con pruebas documentales, por ejemplo, la 1,099 que hacen referencia a depósitos; cuenta con los informes de la DGII y la Superintendencia de Bancos que refieren pagos de cheques, transferencias entre este imputado y otros, existiendo pruebas que hacen referencia a las proposiciones fácticas del Ministerio Público”, dijo.

Con relación a Santiago Suárez a quien el MP ubica en la organización religiosa “Vino, Vino y Vuelve”, y cuya defensa también dijo que no tiene vínculos con los hechos atribuidos y que cuenta con perfil financiero, la jueza dijo que “hay transacciones de entrada en su cuenta de ahorros hecha por la imputada la pastora Rossy Guzmán, y de David Padilla quien fungió como asistente de Núñez de Haza”.

De Guillermo Torres y R y F Agroindustrial, a quienes el MP vincula a Torres Robiou, y cuya defensa también negó los hechos de lavado de activos que se le imputan, la jueza dijo que el MP tiene documentaciones que dan referencia de la relación del imputado Torres con dicha empresa “en cuanto a los registros, la constitución y sus productos financieros”.