Josefina Medina 
El coronel Rafael Núñez de Aza, quien está siendo imputado en el caso Coral, señalado como el cerebro financiero de una red de corrupción policial-militar y religioso liderada por el general Adán Cáceres Silvestre, manifestó ante el tribunal que se siente impotente con sus empresas clausuradas bajo la presunción de la comisión de hechos ilícitos.
“Me bloquearon todas mis empresas, me tienen ahorcado y no puedo hacer nada”, deploró Núñez de Aza, quien durante el conocimiento de la medida de coerción aseguró que antes del 1995 manejaba sumas millonarias por sus negocios de préstamos, compra y venta de divisas.
Señaló que no debe sorprender los bienes que maneja porque antes de ingresar al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) ya poseía 10 empresas.
Manifestó que actualmente se encuentra bajo una crisis económica por le robaron 40 millones de pesos en una de sus empresas, y que con Ruanda y Aldom Glass clausuradas no puede pagar las deudas contraída con una empresa china.
En su defensa técnica, el abogado Félix Portes dijo que el Ministerio Público presentó imputaciones tergiversadas en detrimento del coronel. Solicitó a la jueza Kenya Romero que se ordene la libertad pura y simple del imputado.
«Y si se ha de imponer una medida de coerción no sea la más gravosa… con relación a las clausuras de facto, se ordene la apertura de las empresas de nuestro representado y ordenando que el administrador le rinda informes mensuales al Ministerio Público mientras dure la investigación», requirió.
