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El Ministerio Público informó este viernes que seguirán los operativos contra la supuesta red criminal, integrada por fiscales, empleados administrativos y policías, que durante años se dedicó a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos, la cual desmanteló mediante la operación Gavilán.
«La investigación continúa, y próximamente estaremos ejecutando varias actuaciones en el despliegue de la operación Gavilán», sostuvo el fiscal Andrés Mena, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a su salida del tribunal que aplazó el conocimiento de coerción contra las 12 personas imputadas.
El magistrado reiteró que el órgano persecutor pide la complejidad del caso y la imposición de la prisión preventiva para todos los encartados.
Imputados en el caso Gavilán
Los fiscales que lideran la operación Gavilán contra la red asociada a la criminalidad solicitaron la declaratoria de caso complejo y solicitaron la imposición de prisión preventiva contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También, contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva. La medida incluye a los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Los imputados por asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, enfrentan cargos por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violacion a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
¿Cómo operaba la red borraba “fichas”?
El órgano persecutor explica que «el modus operandis identificado, para materializar el hecho en nuestros sistemas de justicia, consiste en editar en la tabla personas el registro persona documento, para que los sistemas que ofrecen servicio al ciudadano (BackOffice) y el sistema de inteligencia criminal (SIC) no presente registros penales a la hora de ser consultados».
Agrega que para la «actividad delictiva», los imputados «estarían cobrando dinero y contarían con personal en diferentes instituciones castrenses dedicados a recolectar a los clientes que les ofrecen este servicio».
Beneficiados
Con el borrado de antecedentes penales ejecutado por la supuesta red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol o por secuestro, posibilitando, incluso, que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado figuran entre los beneficiados por los involucrados en la red.
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