La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió de prisión a arresto domiciliario la medida de coerción contra Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE); Manuel Aybar Fernando, exgerente inmobiliario de CORDE; los hermanos Julio Cesar Gómez Williams y Carlos Aris Gómez Williams, accionistas de Infepa; Domingo Gerardo Lebrón y a José Enrique de Poll Dominici, accionista de Titulatec y Juana Ynés Gómez Williams, accionista de Inmobiliaria GOWI, imputados en la venta irregular de los terrenos que ocupan los habitantes del sector Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este.

También, estableció que deberán utilizar grilletes y tienen impedimento de salida del país. Se les impuso el pago de garantía económica, que va desde los 10 hasta los 3 millones de pesos.

Además, el tribunal optó por declarar el caso complejo.

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Estos siete de los 11 involucrados en el caso de la venta de terrenos de Los Tres Brazos, cumplían tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo.

Demás imputados. Los imputados son Irving José Cruz Crespo, Rosabell Castillo Rolffot, Ana Ozuna Nolasco y Hadonnis Ruiz Mella, a quien el pasado 31 de julio, el magistrado Vargas determinó que deberían pagar una garantía económica de 500 mil pesos mediante contrato, pero además le fue impuesto un impedimento de salida del país, así como también la obligación de estar presentes el primer lunes de cada mes, ante el procurador fiscal adjunto encargado de la investigación, hasta tanto se defina el curso de la misma.

Sobre la venta de los Terrenos. El 14 de diciembre del 2016 el periódico El Día publicó un extenso reportaje en el que denunciaba que Corde vendió a una empresa privada, por RD$80 millones, los 910,054 metros cuadrados en los que está la barriada de Los Tres Brazos. La empresa, a su vez, pretendía vender los terrenos a los habitantes que ocupaban el barrio desde hace 20 y 30 años.

El traspaso, según explicaba El Día, se hizo a la compañía Fernández Paraché y Asociados (Infepa) en el año 2010. Dicha empresa constituyó otra entidad, Titulatec, que era propiedad de José de Pool Dominici, quien posteriormente argumentaría que no estaba vendiendo los terrenos sino titulándolos.

La denuncia provocó que el 28 de diciembre de ese mismo año, mediante el decreto 392-16, el Poder Ejecutivo dispusiera la suspensión inmediata de venta y reventa, así como todo el proceso de desalojo de sus ocupantes, de los terrenos de Los Tres Brazos.

En el mismo decreto fue creada una comisión que presidió el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; e integraron el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantés Díaz; y el director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, quienes posteriormente rindieron un informe e hicieron las recomendaciones legales al presidente Danilo Medina.