Juan Carlos Mejía Aquino 
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vista de solicitud de medida de coerción en contra del exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y otras diez personas implicadas en la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este. En la fiscalía de Cuidad Nueva Santo Domingo Rep. Dom. 30 de julio del 2018.Foto Pedro Sosa
El ex director de de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar, y otros seis imputados fueron enviados hoy a prisión preventiva por tres meses, como medida de coerción, por sus vínculos con la venta irregular de los terrenos que ocupan los habitantes del sector Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este.
La medida fue adoptada por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, quien también impuso el pago de 500 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica en contra de Rosabel Castillo, funcionaria del Gobierno, Ana Antonio Ozuna, Hadonis Ruiz Mella e Irving Cruz.
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En su decisión, el magistrado Vargas ordenó que sean enviados a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, el ex funcionario Almánzar, Juana Ynés Gómez Williams, Domingo Geraldo Lebrón, Manuel Aybar, los hermanos Carlos Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, así como José de Pool Domimici.
¿Qué argumentó el juez? En su ponderación para tomar la decisión, Alejandro Vargas dijo que en el caso de los acusados que tendrán la medida más gravosa, quedó demostrado que armaron un tinglado para aprovecharse económicamente de la situación que administraron, y que procedieron de manera irregular.
«Porque el sentido común le dice a ustedes, además del valor del mercado, que una actuación de esa naturaleza tenía que ejecutarse con los mayores niveles de transparencia necesario. Ustedes debieron haber publicitado eso. Ustedes debieron haber coincidido hacer las diligencias pertinentes, todas las diligencias pertinentes», expresó.
El grupo es imputado de participar presuntamente en la comisión de diversos actos ilícitos, entre los cuales se encuentran los tipos penales de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros.
La Procuraduría indicó en un comunicado que la empresa que compró las tres parcelas, cuyas operaciones inmobiliarias habrían sido desarrolladas por CORDE, fueron Inversiones Fernández Parache & Asociados (INFEPA), procediendo posteriormente esa misma empresa a vender parte de los terrenos a otra compañía, llamada TITULATEC.
En esa transacción, indicó, los mismos inmuebles que habían sido adquiridos por tan solo 80 millones de pesos al Estado dominicano fueron valorados esta vez en 200 millones de pesos.
