En un hecho inusual, cuatro acusados en el caso Medusa despidieron ayer en plena audiencia a sus respectivas defensas técnicas. Según los abogados cesanteados, sus despidos habrían sido una condicionante impuesta por el Ministerio Público poder llegar a acuerdos con los imputados.

Los abogados Jorge Lora Olivares, representante legal de la empresa Zwaziland E.I.R.L. y de Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz; José Stalin Almonte, de la empresa Herrajes Rachel; Moisés Bello, defensa de Carlos Augusto Guzmán Oliver, y el abogado de la empresa Parasata Mercantil, no ocultaron sus disgustos ante lo inesperado de la rescisión de sus respectivos contratos.

Al informarlo Tribunal antes de retirarse de la Sala de audiencias, los cuatro abogados defendieron su honestidad y su trabajo como profesionales del Derecho, y consideraron un irrespeto por parte de quienes venían representando desde el inicio del proceso, la forma en que fueron despedidos.

“Los encartados o imputados tienen absoluto y pleno derecho de escoger sus abogados, y sobre todo, cancelar el mandato otorgado, pero nunca esta decisión puede ser insinuación o mandato del órgano acusador, estableciendo que para poder llegar a acuerdos o desistir de acusaciones, el paso previo sea desapoderar un abogado determinado, por no plegarse a desafueros y chantajes procesales y de mal gusto”, dijo Lora ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción Amauri Martínez.

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Almonte dijo que le llamó la atención que después de tanto sacrificio para estudiar un expediente con casi cinco millones de documentos para hacer una buena defensa, ayer mismo se le informara que prescindirían de sus servicios, sin darle ninguna explicación.

“Aparentemente somos abogado incómodo para la procuraduría…”, dijo.

También Marino Elsevif, defensa de una de las empresas acusadas, calificó como un abuso lo que estaría haciendo el MP, y pidió la intervención del Colegio de Abogados.

Segundo acto en audiencia

Lo representaron las defensas del exprocurador Jean Alain Rodríguez; de Jonathan Loander Medina, y de Alfredo Solano.

Carlos Balcácer y Gustavo Biaggi, querían que el juez le diera 15 días más de plazo para ellos preparar la defensa de Jean Alain; Vallejo, abogado de Medina, pidió otro tanto para lo mismo, fundamentado en que su cliente tenía un tobillo lesionado y su esposa, que no es parte del proceso, está de licencia médica.

La defensa del imputado Solano, de su lado, quería que se suspendiera la audiencia porque supuestamente la Cámara de Cuentas no le había entregado el inventario de documentos de la investigación especial utilizados por el MP como pruebas en su contra, como ordenó el Tribunal.

Justicia no es estado de complacencia

Como era de esperarse, la directora de Persecución Yeni Berenice Reynoso se opuso a los pedimentos de las tres defensas, aunque un tanto flexible con la de Jean Alain para la cual favoreció una extensión del plazo de cinco días normales.

Esto, porque según explicó al juez Amauri Martínez, documentos que el Tribunal ordenó entregarle a la defensa del exprocurador el día 24, al MP le llegaron el 28 y se los notificó al otro día 29.

Respecto del pedimento del imputado Solano, indicó que si el MP cumplió el plazo que le dio el Tribunal para entregarle documentos a su defensa, no entiende porqué una licencia de una esposa y la lesión del imputado en un tobillo sean óbice para que el abogado y su defendido no puedan reunirse para coordinar su medio de defensa.

“Inconvenientes de parejas no lo vamos a traer aquí como causal de aplazamiento; eso no es lógico ni razonable. Nosotros no queremos trato diferenciado en este tribunal, pero tampoco que aquellas cosas que bajo ninguna circunstancias se le pueden permitir al órgano acusador, se lo permitamos a ellos, porque entonces ese no es un estado de derecho, es un estado de complacencia y la justicia no es un estado de complacencia, la justicia tiene que ser un estado de derecho”, dijo.