El Ministerio Público expuso ayer ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción la correspondencia que existe entre los hechos que habrían cometido los 63 imputados en el caso Coral y los tipos penales establecidos en la norma y las sanciones que conlleva cada uno de ellos.

Respecto del delito de asociación de malhechores, indicó que este está definido en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano (CPD) como ”todo acto criminal en el que exista concierto de voluntades de dos o más personas”, y afirmó que eso habría sido lo que hicieron los encartados al asociarse y concertar “estafar al Estado Dominicano de manera directa” en la PGR.

En cuanto a la Coalición de Funcionarios dijo que el artículo 124 del CPD establece que si el concierto de medidas celebrado por los funcionarios y empleados que refiere el artículo 123 “tiene por objeto contrariar la ejecución de las leyes o de las órdenes del Gobierno, “se impondrá a los culpables la pena de destierro…”

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Según la acusación, en el presente proceso esa coalición entre funcionarios de la PGR se dio “realizando maniobras fraudulentas para violar leyes como la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, “en beneficio propio y de Jean Alain, usando para ello vehículos societarios, personas de confianza, prestanombres y testaferros…”

Con relación al delito de estafa, señaló que el artículo 405 del CPD tiene un párrafo que dice que cuando los hechos incriminados en este artículo sean cometidos en perjuicio del Estado Dominicano o de sus instituciones, “los culpables serán castigados con pena de reclusión si la estafa no excede de cinco mil pesos, y con la de trabajos públicos si alcanza una suma superior, y, en ambos casos, a la devolución del valor que envuelva la estafa y a una multa no menor de ese valor ni mayor del triple del mismo.” (Resaltado del MP).

Al respecto, la acusación afirma que los acusados desplegaron diversas manifestaciones de maniobras fraudulentas, realizaron diferentes modalidades y tipologías de corrupción, con el exclusivo interés de estafar el Estado.

Resalta que esas maniobras fueron desplegadas, principalmente en la adquisición de bienes inmuebles que eran sobrevaluados; en la contratación de los alimentos para las distintas cárceles al suplir alimentos de menor calidad de la contratada, y al realizar contrataciones ficticias para suplir distintos servicios como los de transporte”, entre otros.

Asimismo, calificó a Jean Alain, y al grupo de imputados, “reos de prevaricación”.