En octubre del año 2023 la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) le pasó a la Procuraduría General de la República las presuntas irregularidades halladas en la licitación que hizo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con la razón social Transcore Latam, S.R.L para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Once meses después, luego del caos generado en el tránsito por la salida de los semáforos, el Intrant tomó el control del sistema en la capital y rescindió el contrato con la empresa, pese a que la DGCP ya lo había suspendido en 2023. La razón por la que todavía el Gobierno continuaba recibiendo los servicios de Transcore Latam, según Homero Figueroa, vocero de la Presidencia, respondía a que se debía agotar un proceso jurídico, que consiste en realizar una auditoría para determinar las falencias y, con argumentos fundamentados, permitir la disolución del contrato.

Sin embargo, el jurista Julio Cury puntualizó que, luego que la DGCP suspendiera el contrato y luego anulara el procedimiento de contratación, la empresa adjudicataria tenía el derecho de recurrir en reconosideración o contensiosamente ante el Tribunal Superior Administrativo dicha decisión la Contrataciones Públicas.

Pero hasta donde se sabe, Transcore Latam no lo ha hecho. «Entonces, la anulación decretada devino firme. Lo que no se acierta a entender es que el anterior director del Intrant le haya dado ejecución a un contrato anulado y, peor todavía, que Contraloría haya autorizado desembolsos con cargo a ese contrato», cuestionó el togado.

Contrario a esa posición del abogado, Figueroa había explicado que para hacer lo que ese conoce como «liquidación de contrato» había que hacer una auditoría, la cual concluyó. Aseveró quel Gobierno tiene una visión transformadora para el transporte, subrayando que el desarrollo económico y la verdadera modernización de la nación requieren un sistema de tránsito de primer nivel.

El detonante

En la noche del 27 de agosto, técnicos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) detectaron que la empresa contratada, Transcore Latam SRL para los servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema del centro de control de tráfico y red semafórica del gran Santo Domingo, estaba procediendo a reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización. Estos trabajos, realizados sin el consentimiento previo del Intrant, constituyeron una violación a los acuerdos institucionales establecidos.

Al detectar esta situación, el INTRANT notificó de inmediato a Transcore sobre este incumplimiento. Sin embargo, en lugar de rectificar y cumplir con lo pactado, Transcore cesó todos sus servicios al Intranta las 10:44 p.m. del mismo 27 de agosto, notificando su decisión a través de un chat interno entre sus técnicos principales y funcionarios del instituto.

Como resultado de esta decisión unilateral, el caos vial se hizo palpable en los días siguientes, afectando inicialmente 29 intersecciones críticas y aumentando hasta llegar a 55 intersecciones en el Distrito Nacional.

Ante esta crisis y el riesgo que representaba para la seguridad pública, la noche del jueves 29 de agosto, el Intrant decidió intervenir de manera directa por primera vez los semáforos, después del contrato firmado con Transcore.