La decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el pasado jueves con el caso del asesinado abogado Yuniol Ramírez y la Oficina Metropolitana del Servicio de Autobuses (Yuniol-Omsa) cuenta con dos enfoques hacia el Ministerio Público, aunque la investigación y posterior acusación en el particular se ejecutaron en dos gestiones desde la Procuraduría General de la República, ya que el caso data de octubre de 2017.

Para expertos en materia penal, el hecho de que las juezas hayan descargado a la mayoría de los encartados en el caso no significa que el órgano acusador perdió la batalla, ya que pudieran apelar la decisión. Sin embargo, establecen los abogados consultados por Hoy, el fallo debe llamar al Ministerio Público a «reformular» la forma de abordar las acusaciones.

«Esa decisión no fue más que una crónica anunciada. Porque usualmente, el Ministerio Público luego que arresta a una persona, lo allanan, lo publicitan, lo desconsideran, hace bastante alarde y le han hecho creer a la gente que la investigación previa es la pena. Pero cuando el proceso llega a la fase final ahí es donde se depura todo», aseguró el penalista Cándido Simó, quien añadió que en el caso Yuniol-Omsa involucraron personas «que no eran necesarias», como, según su criterio, el chofer que trasladó a la esposa de Argenis Contreras, el acusado a quien lo condenaron a 20 años de prisión por asesinato.

En ese sentido, el abogado sugirió que el órgano persecutor necesita fortalecer los argumentos en contra de los acusados que llevan a los tribunales. «Pidan menos prisión preventiva contra gente que tiene arraigo y no se va para ninguna parte», dijo.

De su lado, el también abogado, Julio Cury, al responder sobre cómo quedaría el Ministerio Público ahora con casi todos los encartados de dicho proceso en libertad, precisó que la posición de dicha entidad no significa que sea «la cosa juzgada, como comprobado. Pero de lo que se trata es de un proceso que elabora una teoría lo que pudo haber sucedido».

En tal razón, Cury concide con Simó en que el Ministerio Público debe probar en los tribunales sus acusaciones. En ese sentido, explicó que de lo que se trata es que el órgano acusador elabora teorías fácticas que no coinciden con la carga probatoria.

Se recuerda que el hermano del ultimado catedrático Yuniol Ramírez, apuntó los cañones contra el Ministerio Público luego de la decisión final.

«El Ministerio Público desde la imposición de medida de coerción no introdujo, ni acusó con pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de casi ninguno de eso imputados”, dijo Ramón Ramírez.

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¿Cuál fue la decisión?

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a Argenis Contreras a 20 años de prisión por el asesinato del catedrático Yúniol Ramírez en el 2017 luego de casi cinco años en un proceso judicial que se vio alargado por las acciones del acusado principal.

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Mientras, al exadministrador de la Oficina Metropolitana del Servicio de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, fue descargado de la acusación, así como a la esposa de Argenis Contreras; a los demás acusados Víctor Ravelo Campos y de José Antonio Mercado Blanco, alias «El Grande», le fue ordenada el cese de la prisión preventiva y puesta en libertad.

Asimismo, fueron descargados Lilian Francisca Suárez Jáquez y Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista) por insuficiencia de pruebas.