El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán afirmó hoy que la nueva ley sobre el notariado, número 140-15, es totalmente irracional y rompe con muchísimas disposiciones constitucionales.

“A la ley hay que hacerle una reingeniería porque desnaturaliza la función del notario”, expresó, tras destacar que esa legislación le transfiere a los notarios funciones que son propias de alguaciles y de jueces de paz, y que previo a la conformación de la misma no se tomaron en cuenta a sectores prioritarios como la Suprema Corte de Justicia que es el órgano rector de los notarios, ni a la Procuraduría que es donde se certifican las legalizaciones, y tampoco a la Cancillería, órgano rector de los oficiales públicos en el exterior que son los cónsules.

Explicó que se están cuestionando los niveles de las tarifas dispuestas en el reglamento, que son totalmente irracionales y que afectan fundamentalmente a la clase media y baja del país.

“Se ha querido acusar a los bancos y a los empresarios de que no quieren que tarifas de esa naturaleza estén contenidas en la ley, pero es que esas son tarifas que no afectan a esos sectores… porque a fin de cuentas los gastos se les transfieren a los clientes. Tenemos que empezar a razonar por la vía correcta”, manifestó.

El vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, destacó que es totalmente legal suspender una ley después de haber sido promulgada, tal y como lo está haciendo el Congreso.

Dijo creer que en esta ocasión el Senado ha sido consecuente al procurar suspender una legislación que a todas luces es inconstitucional porque distorsiona el ejercicio del notariado, y que la FINJUS apoya esa acción.

Entrevistado en el programa Toque Final que se trasmite por Antena Latina, canal 7, Castaños Guzmán argumentó que esa es una ley que no cuenta con el consenso de sectores determinantes, sólo con los miembros del Colegio de Notarios.

Sugirió que debe crearse una comisión que cuente con profesionales de la economía para hacer un estudio de factibilidad de cuál sería la viabilidad de una tarifa a favor del notariado que impacte de manera negativa en todo lo que son las operaciones comerciales del país.

Precisó que los notarios tienen que entender que esa no es una profesión, que es más bien una función pública que les delega el Estado mediante ley a los notarios. ´El notario es un servicio, una función pública que procura el bienestar de la colectividad´.

Indicó además, que dados los niveles de preocupación que ha generado esta propuesta de ley, va a generar un debate que permitirá que todas esas distorsiones sean corregidas.