El miembro titular de la Junta Central Electoral Samir Chami Isa, afirmó este jueves que la Ley 33-18 ha sido cercenada por el Tribunal Constitucional, limitando su autoridad, para la aplicación de sanciones y fiscalización a los partidos políticos, en cuanto a la campaña a destiempo.
Chami Isa aseguró que pese a esto, son respetuosos de las decisiones de los tribunales, aunque admitió que esto no le ha permitido accionar en contra de los partidos que desoyen las advertencias hechas por el organismo comicial.
“Vamos a estar claros, el Tribunal Constitucional se ha llevado todos los artículos importantes de esa ley (la 33-18) y si se dan cuenta por lo menos en la cumbre, surgió un aire de tranqulidad, de caminar juntos (JCE y partidos)”, afirmó el funcionario.
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En ese sentido, han buscado la forma de socializar con las organizaciones políticas para hacer respetar la ley, en el marco del entendimiento y acercamiento mutuo.
Al ser entrevistado por los periodistas Millizen Uribe y Starlin Montero, para el matutino Uno Más Uno, el magistrado desmintió además las denuncias de supuestas presiones por parte del oficialismo y fue enfático en afirmar que no ha sucedido ni sucederá.
Catalogó estas afirmaciones de un “irrespeto” a la integridad de los miembros del organismo electoral y afirmó que “mete la mano en candela” tanto por su labor como la de sus colegas.
Cronograma electoral
En torno a los aprestos para las elecciones municipales de febrero próximo, así como las presidenciales y congresuales de mayo, el funcionario aseguró que la JCE trabaja conforme al cronograma de trabajo e hicieron pruebas durante el fin de semana, con resultados satisfactorios.
Asimismo, dio garantías de que este será un proceso “transparente”, ya que se han preparado para ello y cuentan con la supervisión de organismos internacionales, de cara a la batalla electoral.
En cuanto al financiamiento de las campañas, aseveró que la Junta Central Electoral está monitoreando los gastos de las diferentes campañas, a los fines de garantizar que no entre dinero mal habido durante el proceso.
Además, dijo que actualmente trabajan con la diáspora, para hacer que el voto en el exterior esté garantizado, para unos 800,000 dominicanos, por lo que esperan los permisos para montar las elecciones en 21 países, solo al nivel presidencial.
Reveló que la meta de la entidad es llevar ese padrón a un millón criollos diseminados en esa veintena de naciones, donde reside la mayor cantidad de dominicanos.