Nuestros legisladores dirán que se trata de una campaña orquestada para dañar su imagen, una tarea para la cual, como ha quedado demostrado, no necesitan ayuda de nadie; solo seguir actuando como lo han hecho hasta ahora, con las honrosas excepciones que, por ser tan escasas, son harto conocidas.

Y eso lo acaba de confirmar Diario Libre con la publicación del acta legislativa en la que los honorables diputados defienden su “derecho” a recibir las dos exoneraciones abiertas y sin límites que luego venden al mejor postor, con la cínica propuesta de que renunciarían a ese privilegio si también le quitan los beneficios que reciben iglesias, empresas y otros funcionarios públicos; y lo mismo puede decirse de la investigación realizada por Alicia Ortega para su programa El Informe, en el que se muestra en qué realmente se gastan los recursos del Fondo de Asistencia Social, cariñosamente Barrilito.

Luego de ser puestos en evidencia cualquiera con un mínimo sentido de la decencia política esperaría que nuestros legisladores se sintieran avergonzados; y si acaso no fuera así porque nadie está obligado a sentir una vergüenza que no tiene, que por lo menos se comportaran con mas humildad ya que han sido sorprendidos en falta.

Pero lo que han hecho es apandillarse, ponerse de acuerdo por encima de diferencias políticas y partidarias (¡oh milagro!) para chantajear a la sociedad que le está criticando su manejo casi doloso del dinero público (300 millones al año), y como “chantaje vil” describió ayer Participación Ciudadana la aprobación en el Senado de un proyecto de ley que elimina todas las exenciones.

Bien sé que el Poder Legislativo es una pieza fundamental para el buen funcionamiento de nuestra tropicalizada democracia. Pero no quiero terminar esta columna sin decir, y que esto quede entre nosotros, que para tener un Congreso cuyos miembros actúan de esa manera y, para colmo, nos salen tan caros, es preferible no tener nada.