Para que el presidente Abinader pueda encabezar un gobierno que le mantenga reconocimiento ciudadano recibido en las pasadas elecciones, requiérase imprimir mayor coherencia a su administración.

Hay incoherencias significativas. El ejemplo mas reciente gira alrededor de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) lograda bajo el protagonismo del Ministerio de Hacienda (MH) y su comparación con el documento sobre política presupuestaria para 2025 (PP2025) publicada por el mismo ministerio en junio.

Luego de proponerla pudo obtenerse ahora la aprobación de esa LRF mandada hace 12 años por la ley 1-12. Dicha ley, que estuvo dando vueltas en el Congreso hasta aprobarse ahora, constituye una admisión implícita que nos estábamos bajo el imperio de la irresponsabilidad fiscal.

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Pero la ley es una declaración de propósitos a lograr, requiriendo testimoniarse para concitar credibilidad y entusiasmo en ciudadanos y agentes económicos.

El primer testimonio debió constituirlo el presupuesto 2025. Pero no ha sido así.

Mientras la LRF plantea reducir 33% la deuda pública con relación al PBI, del 60% al 40%; el documento sobre PP2025 incrementa el endeudamiento del 3%/PBI.

Lograr esta reducción del endeudamiento requiere reducir gastos corrientes, por menor costo político ante aumentos impositivos. El documento PP2025 plantea, contrariamente, incrementarlos 7.6% el próximo año.

Mientras la LRF resalta las inversiones públicas hasta condicionar los endeudamientos para financiarlas, el gasto de capital planteado en el documento PP2025 las reduce 15% con relación a lo presupuestado 2024.

La incoherencia entre ambos instrumentos (LRF y PP2025) amenaza convertir la reciente ley en letra muerta.

Adicionalmente la LRF condiciona su aplicación a un reglamento, cuando tradicionalmente demoramos años en prepararlos. Ej.: El reglamento a la ley 247-12 promulgada hace 12 años vino a promulgarse recientemente. Ojalá que la LRF no tenga que esperar tanto tiempo para reglamentarse.

Ojalá se corrijan las incoherencias citadas para que la LRF pueda implementarse prontamente a fin de que la irresponsabilidad fiscal implícitamente admitida con su aprobación pueda ser superada.

Así, el presidente Abinader podrá mantener el reconocimiento ciudadano alcanzado en las pasadas elecciones.