El presidente del Colegio de Abogados y una comitiva de togados sometieron ayer en el Senado de la República una propuesta de oposición al proyecto de Ley de Fideicomiso, advirtiendo que legítima la entrega gratuita de la planta Punta Catalina a un sector eléctrico y oligárquico.

Miguel Surun Hernández señaló que la formal oposición radica en que “el proyecto de ley abre la puerta para la privatización generalizada de todos los bienes y servicios que brinda el Estado dominicano y porque, además, constituye una renuncia al deber que asumieron las actuales autoridades del Gobierno, al ser electas en el 2020, de administrar la cosa pública de manera honesta”.

Dijo que el Gobierno está en la inhabilidad y en la imposibilidad de obtener funcionarios honestos y capaces para ejercer las funciones públicas, para las que fueron electos por cuatro años.

Surun Hernández manifestó que el problema fundamental con el fideicomiso está en que la justificación que han emitido los voceros del Gobierno dominicano para privatizar y entregar todo, incluyendo a Punta Catalina, “es sobre la base de que no hay forma de que miembros de partidos políticos o funcionarios electos por el actual Gobierno, lo hagan de manera pública y honesta”.

Sostuvo que la afirmación de que el fideicomiso busca proteger los bienes del Estado, demuestra que el Gobierno no tiene gente honesta.

Declaraciones

El abogado indicó que esa política contraviene el artículo 138 de la Constitución y afirmó no existe ninguna legislación que autorice lo que definió como un «atentado al interés público».

Denunció que el Gobierno tiene en ejecución más de 22 fideicomisos públicos, incluyendo el de PUNTA CATALINA, el cual, a pesar de no haber sido aprobado por el Congreso Nacional, se encuentra en avanzada ejecución, hasta con la transferencia de derechos de propiedad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para entregarse a un grupo empresarial hegemónico.