Históricamente y fuera de consideraciones de justeza, pertinencia o perjuicios, las llamadas razones de Estado en materia económica casi siempre logran imponerse, aun cuando desaten fuertes reacciones en el seno de la población.

Es probable que por esa constante y a pesar de las quejas, la aplicación de impuestos a las compras por internet tenga un carácter irreversible, aun con las eventuales decisiones que puedan dictarse en el ámbito judicial.

Si como se sostiene desde la esfera oficial, una parte apreciable de esas compras era operada por grupos de negociantes, una especie de comerciantes sin rostros, se hace necesario documentar y conocer todo esto con datos precisos.

Una exhaustiva recopilación de detalles al respecto es lo que pretende obtenerse, en medio de un debate público, mediante la revisión de los libros donde los couriers registran las entradas y salidas de mercancías.

Esa revisión permitiría establecer si efectivamente hay registros de compras periódicas de productos, artículos y mercadería diversa que, por sus características, volumen y el perfil no corresponden propiamente a operaciones individuales o particulares sin fines comerciales.

Con ese objetivo se buscaría demostrar que la decisión de la Dirección de Aduanas (DGA) habría sido tomada para contrarrestar esta práctica de distorsión fiscal y no deliberadamente para afectar a personas de la clase media, aunque ese sector ni ningún otro escaparán a la aplicación del gravamen.

Desde hace tiempo se sabía que a modo de obtener un margen de ganancia cada cierto tiempo, algunas personas se dedicaban por cuenta propia a localizar mercancía a buenos precios a través de Internet para hacer luego pedidos por separado por debajo de los 200 dólares y así no tener que pagar impuestos.

Esas operaciones, que al principio se realizaban en niveles reducidos, parece que fueron creciendo hasta adquirir dimensiones considerables, al punto que se estima en 20,000 millones de pesos lo que el Estado dejó de percibir en los últimos nueve años.

Los operadores ofrecían, de forma directa y mediante llamadas telefónicas y contactos con amigos y relacionados, laptop, relojes, prendas y otros objetos a precios por debajo de los prevalecientes en el mercado local, por lo cual tenían gran aceptación y rápida salida.

Si la revisión a los libros de los couriers no se limita a hacer cotejos comparativos por años y abarca otros aspectos, quizás se podría indagar el tratamiento a los usuarios, que a veces reciben, a la hora de recoger los pedidos, cargos abultados y no siempre explicados debidamente, por manejo de la carga y gestión aduanal, aun cuando la mercancía estuviera exenta de aranceles.

Aunque otra de las justificaciones es proteger al comercio regular y organizado que paga impuestos y que estaría enfrentado a una competencia desleal, es innegable que no todo el que compraba por debajo de los 200 dólares lo hacía para negociar, sino principalmente para su uso o beneficio personal.

En lugar de ofender a esos compradores, atribuyéndoles colectivamente fines de lucro y para evitar profundización en el descontento y el impacto impopular, lo que corresponde es garantizar de palabra y refrendar con hechos, que habrá equidad en la aplicación del sistema tributario que consagra la Constitución.