POR ADOLFO MARTÍ GUTIÉRREZ
En República Dominicana la economía informal se ha agudizado en la medida en que se acentúan las crisis económicas. Esto trae como consecuencia que existan demasiados buhoneros, servicios domésticos, choferes, y pocas empresas manufactureras en pequeñas escalas o micro empresas con posibilidades de crecer.
Se sostiene, que un aumento de la economía informal se debe a la falta de estrategias de crecimiento por parte del Estado. Por eso, se ha podido demostrar que una verdadera política económica de la micro, pequeña y mediana empresa, generadora de empleo, podría imposibilitar el desplazamiento de mano de obra hacia las áreas menos productivas.
Una de las prescripciones de política para reducir la pobreza derivadas de la visión tradicional de los mercados de trabajo, compatible con la expansión de la economía informal, ha sido incentivar la consolidación del empleo formal a toda costa. Según esta visión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el sector informal puede alcanzar una productividad importante, siempre que un gobierno decida enfrentar el costo de ejecutar políticas de empleo. En muchos países de la Región, una parte de los trabajadores que conforman el sector informal se encuentran en adecuadas alternativas de ingresos trabajando bajo un esquema de organización eficiente y adaptable. La tendencia mundial hacia la reducción del tamaño de las empresas y el aumento de la sub-contratación también afecta la estructura del empleo en un país. En consecuencia, intentar reducir la informalidad no parece suficiente desde el punto de vista de la reducción de la pobreza. Adicionalmente, es necesario entender la lógica del sector informal y preguntarnos cómo pueden mejorar las condiciones de vida dentro del mismo.
LA ECONOMÍA INFORMAL DOMINICANA
Una de las principales ocupaciones en los últimos estudios acerca del sector informal dominicano es acerca de las estimaciones de su magnitud: una aproximación de cuánto es lo que representan las transacciones que se realizan en el sector informal respecto del resto de la economía (esto es, en términos de PIB). Si consideramos las cifras del mercado de trabajo suministradas por el Banco Central, podríamos inferir que la magnitud de las transacciones de la economía informal sería equivalente a un 30% del Producto Nacional Bruto y el equivalente a un 41.7% de las horas-hombre trabajadas se desarrollan en las actividades informales. Es decir, un 30% de la producción y un 42% del trabajo.
Eso nos permite obtener algunas conclusiones iniciales. En primer lugar, que social y económicamente la informalidad es grande, ya que, si el 42% de las horas-hombre están en el sector informal, el gobierno sólo controla 6 de cada 10 horas que se trabajan. En otras palabras, una gran parte de los dominicanos trabajan fuera de la ley. La segunda conclusión es que, pese a su importancia cuantitativa, las actividades informales tienen una productividad baja puesto que, como hemos visto, el 42% del trabajo hace solamente el 30% del producto.
Las crisis económicas que ha experimentado la República Dominicana han generado una reestructuración profunda del mercado de trabajo. Estos cambios han traído como consecuencia el surgimiento de un sector informal urbano de considerable envergadura. Dicha problemática nace en República Dominicana, al igual que en todos los países latinoamericanos, en la década de los 60s y 70s en cuanto el comercio se incrementa y se agudizan recesiones económicas. Se trata de un país rico en recursos naturales, pero que ha experimentado políticas públicas desacertadas que han posibilitado absurdos obstáculos al trabajo, contribuyendo a que un alto porcentaje de la ciudadanía no tenga más recurso que vivir y trabajar al margen de la ley.
La economía informal dominicana se encuentra concentrada en aquellas actividades que permitan una mínima subsistencia y poco uso de capital. De hecho, un porcentaje del trabajo que desarrollan los dominicanos en el mercado informal, lo hacen porque tienen un trabajo formal y una parte del esfuerzo productivo desarrollado informalmente. Entre las cinco actividades en donde se concentra el mayor número de trabajo informal están las agrícolas y ganaderas (87.9%), la construcción (79.3%), el transporte y las comunicaciones (71.1%), el comercio (67.8%) y en los hoteles, bares y restaurantes (42.4%). En estas actividades se destaca también el comercio al menor, al detalle o al menudeo, conocida como la economía del buhonero. Así muchos reivindican permanentemente su derecho a trabajar con prescindencia del Estado, sin pagar impuestos y sin obedecer sus regulaciones respecto a la actividad económica que desempeñan.
Si analizamos las estadísticas del mercado de trabajo dominicano podemos evidenciar razones que motiven la expansión de la economía informal. Una de las razones que explica la permanencia de altas tasas de desempleo es debido al bajo nivel educativo nacional. En ese sentido, se nota como la mayor parte del trabajo informal es realizado por trabajadores poco calificados. Así, en promedio, el 84.1% de las personas que trabajan en el sector informal no tienen ningún nivel educativo, el 66.3% alcanza un nivel de educación primaria, 47.0% un nivel secundario y sólo 17.9% alcanza algún grado universitario. Con respecto a las horas promedio trabajadas a la semana puede comprobarse la magnitud que representan los trabajadores de la llamada economía informal. Si bien los patronos o socios activos en el país promedian a la semana unas 46.0 horas-hombre y los empleados del sector privado 44.4, los trabajadores por cuenta propia trabajan 39.3 horas, es decir 0.40 horas más a la semana con respecto a los empleados del Estado (38.9 h/h). Esta información es consistente con la prueba de que el 97.3% de la gente que trabaja por cuenta propia lo hace de manera informal, a diferencia de el 65.1% de los patronos socios activos y el 25.9% de los empleados privados.
Otra característica alarmante del mercado de trabajo dominicano es la relativa al tipo de oficio que realizan los trabajadores que trabajan por cuenta propia o de manera informal. Notamos como, mayormente, los trabajadores informales representan el 86.8% de la gente que trabaja en las actividades técnicas relacionadas a la agricultura y la ganadería, el 68.5% de los operarios y artesanos, el 65.7% de los trabajadores del área de los servicios, 66.4% de los trabajadores no calificados, 43.8% de los operadores y conductores, 27.2% de los empleados de oficinas, y el 23.8% de los gerentes y administradores privados. Es una característica también bien marcada que la gente que trabaja en el sector informal es, en su mayor parte, producto del retiro de su edad económicamente activa. De esta manera, 72.9% de la ocupación empleada de manera independiente tiene más de 60 años, el 61.6% tienen entre 10 y 19 años, 57.4% entre 40 y 59 años y sólo 47.2% de los trabajadores informales tienen entre 20 y 39% años.
PROPUESTAS PARA DISMINUIR LA ECONOMÍA INFORMAL
Entre las propuestas orientadas por la OIT y otras naciones para enfrentar el problema de la expansión del sector informal de la economía se citan al menos cuatro tipos de políticas: políticas de índole jurídica/administrativa, políticas de descentralización, políticas de apoyo a la micro y pequeña empresa, y políticas sobre acceso a la estructura económica funcional.
Se entiende que cuando se busca atacar o erradicar la problemática de la economía informal en un país es necesario simplificar los aspectos legislativos, con la finalidad de hacerlos más accesibles y comprensibles para toda la población. Un ejemplo de ello sería en lo que tiene que ver con la eficiencia en la administración tributaria. Una mejor administración debería llevar un control o censo relativo a los trabajadores inmersos en la economía informal, para luego inscribirlos en el sistema ayudando a que dichos trabajadores pasaran a ser parte del sector formal, comenzando desde los más bajos niveles del Poder Ejecutivo.
Se reconoce también cada vez más que las instituciones más adecuadas para desarrollar estrategias de intervención de una economía informal son los gobiernos locales. Estas localidades requieren reforzar su capacidad de gestión y articulación con otras instancias públicas y privadas, así como de suficientes recursos financieros y capacidad de ejercer la autoridad local con autonomía política y administrativa. Es de allí que se entiende la importancia que debieran representar hoy las políticas de descentralización, como un instrumento que permita combatir el fenómeno de la informalización de la economía.
Igualmente, las políticas públicas de apoyo e incentivo a las pequeñas y medianas empresas tienen la finalidad de controlar y formalizar el comercio en las economías e incentivar a las personas o comerciantes informales a que se establezcan o formalicen de forma asociativa. Es cada vez más evidente que las pequeñas y medianas empresas desarrollan un gran volumen de actividades y poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender proyectos innovadores que conllevan a una buena fuente generadora de empleo. Es de suponer que un gobierno puede estimular el acceso a una estructura económica funcional, a todas aquellas iniciativas empresariales o comerciales a través de la facilitación de los trámites necesarios para darle ayuda financiera, asesorías, consultas y estímulos suficientes, estables y transparentes, así como la necesaria voluntad política y de capacidad local para reubicarlos e incorporarlos a los sistemas formales, con reconocimiento de su condición humana y social.
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El autor es economista y profesor universitario.
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