Por Carlos R. S. Milani, Josué Medeiros y Mariana Castro

Brasil enfrenta un alarmante aumento de eventos climáticos extremos, cada vez más intensos, frecuentes y destructivos. En 2024, el país fue escenario de desastres climáticos de gran magnitud. En Rio Grande del Sur, inundaciones entre abril y mayo afectaron a más de 875 mil personas, causando numerosas muertes y pérdidas económicas a nivel local. En São Paulo, millones de personas quedaron sin energía eléctrica tras fuertes lluvias. En Río de Janeiro, 100 mil personas fueron afectadas por inundaciones en enero. En el segundo semestre, la sequía récord en la Amazonía y los incendios forestales en el Centro-Oeste, Norte y Sudeste cubrieron con humo el 60 % del territorio nacional en septiembre, agravando los problemas ambientales y de salud pública.

Esta serie de eventos no es aislada: en 2023 ya se habían registrado lluvias torrenciales en São Paulo y en Rio Grande del Sur, así como olas de calor históricas. Lo que antes podía interpretarse como una excepción, ahora se presenta como una regla.

Esta realidad fue documentada en una investigación realizada por el Observatorio Interdisciplinar del Cambio Climático (OIMC) de la UERJ y el Observatorio Político y Electoral (OPEL), vinculado a la UFRJ y UFRRJ, durante el primer semestre de 2024. Utilizando la metodología de grupos focales, la investigación, financiada por el Instituto Clima y Sociedad, analizó las percepciones de la población sobre la crisis climática en seis ciudades brasileñas: Río de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói (en el estado de Río de Janeiro), São Paulo, Diadema y Osasco (en São Paulo). Los resultados del estudio son muy reveladores.

En primer lugar, los participantes demostraron un amplio entendimiento sobre la gravedad y el origen humano del cambio climático. Sin embargo, los sentimientos van desde el pesimismo y la impotencia, por un lado, hasta la disposición para actuar individualmente, por otro. Las acciones mencionadas incluyen el ahorro de agua y el reciclaje, pero la confianza en soluciones colectivas o en políticas públicas está debilitada por un sentimiento de desilusión hacia el gobierno.

En segundo lugar, la investigación revela un amplio reconocimiento de la gravedad del cambio climático y percepciones compartidas de que las personas más pobres son las más vulnerables a los impactos, tales como inundaciones, olas prolongadas y más frecuentes de calor extremo, sequías e incendios forestales. Esta conclusión se deriva directamente de las experiencias concretas de vida de las personas entrevistadas, quienes relatan cómo los desastres climáticos ya afectan sus rutinas.

Sin embargo, la respuesta política y social a esta emergencia climática ha estado marcada por contradicciones. Brasil todavía enfrenta el legado del desmantelamiento ambiental promovido por el gobierno de Jair Bolsonaro, que debilitó instituciones y fragilizó políticas ambientales. Por su parte, el tercer gobierno de Lula intenta reconstruir este terreno institucional, adoptando medidas como la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, la fundación del Ministerio de los Pueblos Indígenas y la confirmación de Brasil como sede de la COP 30, en Belém, en 2025. Aunque estos esfuerzos representan avances, conviven con tensiones internas en la coalición gubernamental y con la presión de sectores económicos ligados al agronegocio y a la economía de combustibles fósiles. Un ejemplo emblemático de esta presión es la propuesta de exploración de petróleo en la Margen Ecuatorial Amazónica.

Esto nos lleva a un tercer resultado de esta investigación, que señala las limitaciones del Estado para generar respuestas efectivas. Muchas personas expresaron frustración por la falta de acciones concretas por parte de los gobiernos, especialmente en lo relativo a la prevención de desastres y la adaptación climática. Esta frustración se suma a una sensación de abandono, particularmente en las periferias urbanas, donde las condiciones estructurales precarias amplifican los impactos de los eventos climáticos extremos. El pesimismo respecto a la capacidad del poder público para impulsar cambios reales es, en cierta medida, un reflejo de estos procesos de vulnerabilización de individuos, clases y grupos sociales.

El predominio actual del pesimismo y la impotencia dificulta la construcción de una acción política más activa y comprometida, exigiendo esfuerzos conjuntos por parte de los gobiernos y la sociedad civil para crear estrategias que fortalezcan el sentido de pertenencia y la capacidad de acción colectiva. Es fundamental que las políticas climáticas sean más accesibles y estén conectadas con las realidades locales, reconociendo las particularidades de las periferias urbanas y de las poblaciones jóvenes, que enfrentan desafíos específicos en la lucha contra los impactos climáticos.

Un cuarto resultado de la investigación tiene que ver con la confianza generalizada en la ciencia, como eje central para la producción de evidencias y la generación de insumos para la formulación de políticas públicas. A pesar del negacionismo oficial practicado durante el gobierno de Bolsonaro en materia de medio ambiente, clima, vacunas y salud en general, las personas entrevistadas muestran altos niveles de apoyo al desarrollo científico para enfrentar la emergencia climática.

En quinto lugar, entre las políticas públicas destacadas en la investigación, la educación es vista como un campo político esencial para imaginar alternativas social, ambiental y económicamente sostenibles en Brasil. Al mismo tiempo, se percibe un creciente escepticismo respecto a la capacidad del gobierno y de las empresas para comprometerse con procesos de transición energética justa.

Esta contribución del OIMC y del OPEL confirma que, en la percepción de muchos brasileños y brasileñas, la emergencia climática ha dejado de ser un problema del futuro distante y se ha convertido en una realidad presente que redefine las condiciones de vida de millones de personas. El desafío brasileño, por tanto, es inmenso. La transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, que abarque producción, circulación y consumo, no puede limitarse a discursos o medidas simbólicas, ni inspirarse en experiencias pasadas de un desarrollismo depredador y reproductor de injusticias.

Las consecuencias de la emergencia climática exigen acciones innovadoras, audaces, concretas y justas que enfrenten los intereses de sectores poderosos y construyan alternativas reales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, preservar los biomas, garantizar los derechos humanos y proteger a las poblaciones más vulnerables, compuestas en su mayoría por personas negras y pobres.

La emergencia climática ya es una fuerza que redefine el presente y exige respuestas inmediatas que no se basen en juegos de suma cero entre protección ambiental y desarrollo. Planificar hoy con la mirada puesta en el futuro es una necesidad urgente. En Brasil, esto implica no solo lidiar con los desastres que se acumulan, sino también transformar radicalmente las bases de su economía política, su modelo de desarrollo y sus políticas ambientales, energéticas y climáticas.

Carlos R. S. Milani. Profesor Titular de Relaciones Internacionales en el IESP-UERJ, Coordinador del Observatorio Interdisciplinar de Cambios Climáticos y Senior Fellow del CEBRI.

Josué Medeiros: Profesor en la UFRJ y la UFRRJ, Doctor en Ciencia Política por el IESP-UERJ.

Mariana Castro: Doctoranda en Ciencia Política por el IESP-UERJ, investigadora en el Observatorio Interdisciplinar de Cambios Climáticos y en el Laboratorio de Análisis Político Mundial.

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