Cuando los detectives y policías investigan algún suceso ilegal tienen la norma de “seguir el dinero” para así encontrar al culpable. Lo mismo puede aplicarse a los casos de las filtraciones ilegales en la frontera domínico-haitiana.

Cuando Trujillo los militares enviados a la frontera consideraban eso como un castigo pues estaban lejos de sus familias y sin ningún tipo de ingreso adicional. Hoy día ese traslado es un favor pues muchos militares se nutren del dinero que reciben al permitir trasladar haitianos indocumentados. Lo mismo se aplica a los inspectores de migración. Existe toda una red a través de la cual antes de cruzar la frontera los haitianos ya saben a quién contactar para poder cruzar y llegar a su destino, así como el costo de esta operación. Eso incluye el pago en los diferentes puestos de inspección dentro del territorio nacional y si un motor va con cinco haitianos o si tan solo lleva dos el precio es diferente. Durante uno de los doce años de Balaguer se reunió la tropa del ejército en Dajabón y en un acto solemne se le rompieron las insignias en el hombro de un soldado que había aceptado soborno para permitir la entrada de haitianos, siendo expulsado deshonrosamente de las fuerzas armadas. Tal vez una repetición de ese tipo de actos sería más eficiente que dinero adicional en helicópteros y drones.

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Otra fuente de corrupción está en el apear de “la camiona” a los que van a ser deportados. Es obligación legal de la Dirección General de Migración actualizar los permisos de residencia de los haitianos indocumentados, pero no lo hace para así poder deportar más y nutrirse con más dinero.

Cuando Trujillo, como ahora, existía la ley que obligaba a un 80% de empleados nacionales y solo 20% de extranjeros, pero como había sanciones por incumplimiento, cada enero aparecían en la Gaceta Oficial decretos firmados por el presidente permitiendo exenciones a los ingenios. Pero, una vez en democracia, en el Congreso Nacional se “autorizó” esa ley, pero sin establecer sanciones a los que la violan, lo que la convierte en ley muerta. Los congresistas también fueron sobornados y por eso ningún empresario en el sector cañero, el arrocero, el cafetalero, el de cacao, el de guineos y de la construcción han recibido sanciones por esa ley muerta.

Los europeos establecieron precios especialmente altos para el guineo dominicano bajo la política de “comercio justo”. Para lograr ese privilegio los bananeros dominicanos tienen que probar a representantes de la Unión Europea que dan buen tratamiento a los haitianos y los documentan. Es por eso que en ese sector hay más haitianos documentados.

Algún día tendremos que decidir cuántos haitianos queremos en nuestro país y qué labores pueden desarrollar. Si decidimos, por ejemplo, que laboren tan solo en el sector agrícola podríamos establecer el sistema de permisos por vendimia, vigente durante siglos en Europa o el programa de braceros norteamericanos que permite a mexicanos recoger cosechas en Estados Unidos. En el caso dominicano se otorgarían permisos estacionales, por meses, para recoger la cosecha de caña (la zafra), el arroz, café y cacao, así como los cultivos en Constanza.