Los resultados de una encuesta sobre micro-negocios y la experiencia de Uruguay podrían ayudar al país a aplicar medidas para reducir la informalidad laboral

Por: Mario Méndez

Las encuestas, cuando son hechas con el debido rigor científico, hablan y nos ayudan a entender problemas y encontrar las soluciones.

La que acaba de darse a conocer, elaborada con el patrocinio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Confederación Patronal Dominicana y que se concentró en micronegocios del sector de comercio y servicios de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional, ha hablado muy claro.

Esta encuesta ha revelado que es mejor operar en la formalidad porque a mayor nivel de formalidad, más alto es el nivel de productividad media, además de que se tiene mejor acceso al financiamiento bancario y el negocio es menos vulnerable (el 10% del sector informal identifica la falta de liquidez o problemas financieros como su principal desafío, porcentaje superior al sector en comparación con los sectores más formales); pero a pesar de esas ventajas, la mayoría de los encuestados no se siente motivado a emigrar a la formalidad.

¿Por qué? El coste y la complejidad de la formalización son barreras notables, según los resultados de la encuesta.

Aunque un 72% de micronegocios ven ventajas en el registro formal, un 33% del segmento informal no ve ningún beneficio. Las desventajas percibidas incluyen altos costos (son altos para el 64% del mercado informal), complejidad en los trámites y percepción de que los impuestos son altos.

Esto significa que aunque se ha hecho un trabajo en los últimos años para simplificar y abaratar los costos de la formalización, no ha sido suficiente y que también hay que hacer más para hacer amigable la relación del micro-empresario con el sistema impositivo.

Otro hallazgo de la encuesta es el haber identificado el que uno de los principales motivadores para emprender de los micronegocios formales es la percepción de que se gana poco como asalariado y creen que tener un negocio puede generar mejores ingresos, mientras que para las empresas informales la falta de oportunidades de trabajo y la necesidad de generar ingresos son la principal razón para emprender.

Eso sugiere que los emprendedores formales pueden tener más opciones y emprenden por aspiraciones de mayores ingresos, que no es el caso de los emprendedores informales, que a menudo recurren a emprender por necesidad.

“Esta dicotomía entre ‘emprender por oportunidad’ en el sector formal y ‘emprender por necesidad’ en el informal es crucial, porque señala la importancia de proporcionar más y mejores oportunidades de empleo, así como apoyo para la formalización y el crecimiento de los negocios informales.

Las políticas públicas y las intervenciones del sector privado deben considerar estas diferencias al diseñar estrategias de apoyo a los emprendedores”, concluye el estudio.

Además de asumir las conclusiones de este estudio, el país también podría echar una mirada a lo que se ha hecho en otros países de la región para reducir la informalidad laboral, como es el caso de Uruguay, que tiene la condición de ser la economía menos informal de la región, con una informalidad que bajó de 40,7 por ciento en 2004 a 20% en 2023 (en la República Dominicana la informalidad laboral está en 56,7 por ciento).

Entre los factores que han ayudado a bajar la informalidad en Uruguay están el fortalecimiento del salario mínimo, el otorgamiento de incentivos a la inversión productiva para fomentar el empleo y la Ley del Mono-Tributo (un sistema simplificado de aportes únicos, que incluye contribuciones a la Seguridad Social e impuestos).

Mediante la Ley 15.809 de 1986 se establecieron en Uruguay ajustes salariales de forma cuatrimestral hasta 1997, año en el que se creó la Ley 16.903 que estableció un incremento entre 6 y 12 meses si el IPC anual anterior al ajuste es menor a un 10%; de 4 a 6 meses si el IPC se ubica entre un 10% y un 23%, y de 3 a 4 meses si es mayor a 23%.

El sistema para controlar el cumplimiento de los salarios mínimos se realiza a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por intermedio de la Inspección Nacional del Trabajo.

Además, el Banco de Previsión Social fiscaliza los salarios a partir del control de las contribuciones a la Seguridad Social de los trabajadores y empleadores.

Los dos organismos tienen su cuerpo de inspectores propio, con sus procedimientos y estrategias particulares para llevar a cabo el cumplimiento de las normas vigentes.

De manera que en la encuesta, que contó con el auspicio de la OIT y Copardom, y en la experiencia del Uruguay podríamos tener el manantial en el cual podríamos saciar la sed de formalidad que tenemos.