A propósito de la designación de Napoleón Estévez como juez de la instrucción especial para conocer la investigación contra el diputado de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, Sergio «Gory» Moya, muchos se preguntan ¿qué pasara con su condición de diputado? o si ¿puede un diputado ser sometido a la justicia?

En ese sentido, es importante tener en cuenta lo que establece el marco jurídico nacional para estos casos, empezando por la Constitución dominicana que en su artículo 86 establece la inmunidad de los legisladores (diputados y senadores) puede ser privado de su libertad durante la legislatura sin autorización del organismo al que pertenece «Salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen».

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Mientras que, el artículo 154 de la misma Constitución indica que es una atribución solo de la Suprema Corte de Justicia el conocimiento en única instancia «Sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley» conocer las causas penales que se le siguen a los diputados (para los fines).

Esta condición también está presente en el manual de procedimientos legislativos que rige la Cámara Baja de la República Dominicana. No obstante, el Reglamento de la Cámara de Diputados, establece en su artículo 165 que no eximirá, en ningún caso, la responsabilidad penal de cualquier diputado que determine el tribunal.

Es decir, que mientras no transcurra el periodo para el cual fue elegido, salvo por decisión de la Cámara de Diputados, en el caso del congresista «Gory» Moya, esté no sería apresado hasta después del 2024 y solo si es encontrado culpable de algún cargo penal.

Caso diputado «Gory»

La designación de un juez especial para conocer la investigación contra «Gory» Moya confirma que la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), abrió un proceso contra el diputado.

Según lo establecido en el Código Procesal Penal este proceso no debe extenderse más de dos años, una vez se haga la acusación formal contra Moya.

Se recuerda que Sergio «Gory» Moya fue señalado en los interrogatorios de la PEPCA a los acusados en el caso Calamar como la persona que supuestamente quedó a cargo del proyecto de cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas que operaba la presunta red encabezada por los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.