No creo que el descaro o la desvergüenza de los beneficiarios de la aprobación bicameral de la vapuleada Ley de Extinción de Dominio llegue tan lejos como para festejar el final del proceso, aunque algunos, con mal disimulado regocijo, incluyendo congresistas, emitieron loas públicas a los legisladores por haber llegado a un consenso que en nada satisface el anhelo de la ciudadanía por recuperar cientos de miles de millones de pesos del patrimonio público que se embolsillaron muchos funcionarios, diputados, senadores, familiares y colaboradores en las últimas décadas de la mentada democracia representativa, porque, como es costumbre en Quisqueya la bella, se pretende poner candado después de los gigantescos desfalcos. Con el dinero sustraído en actividades ilícitas pudieron ser fortalecidos los servicios públicos de salud, educación, viviendas, empleos dignos y alimentación de muchos ciudadanos que murieron por efecto directo o indirecto de su pobreza.