El 16 de marzo de 1962, el Consejo de Estado, presidido por el licenciado Rafael Filiberto Bonnelly, anunció la designación del coronel Belisario Peguero Guerrero como jefe de la Policía Nacional, con rango de general, provocando inevitable sorpresa en el medio social, dado que sus antecesores, exceptuando -entre otros- a los coroneles David Antonio Hart Dottin (1956), Ramón A. Soto Echavarría (1958) y José Caonabo Fernández González (1961), eran militares formados en la época de Trujillo que se manejaban de acuerdo a la orientación despótica del dictador, estando obligados a reprimir a sus oponentes para mostrar lealtad, aunque se beneficiaban de una serie de privilegios que aseguraban su bienestar económico y vertiginosa escalada social.

El nuevo jefe de la Policía, originario de esa institución, comenzó a dirigirla en un momento en que estaba siendo severamente cuestionada por su pésimo manejo de los hechos sangrientos ocurridos en la parte baja de la ciudad cuando intentaban sofocar las manifestaciones populares de repudio al neotrujillismo, entre el 20 de octubre de 1961 y el 16 de enero de 1962, protagonizadas por jóvenes decididos a hacer saltar del poder al presidente Joaquín Balaguer.

Puede leer: “Cien Años de Soledad” de Gabriel García Márquez, visto por José Cestero

El agrietamiento de la imagen del cuerpo del orden se agravó el 18 de febrero de 1962, fecha en que la mayoría de sus miembros se congregó en la explanada de su sede central, en la avenida Leopoldo Navarro esquina México de la Capital, tratando de impedir la juramentación del coronel del Ejército Nacional Manuel Secundino Pérez Peña como su nuevo jefe, alegando que era tan represivo que maltrataba y desconsideraba a sus subalternos. Ese inaudito y asombroso suceso forzó al presidente Bonnelly a sustituirlo por el coronel Rafael Bienvenido de Castro Ortiz, quien permaneció en el cargo apenas un mes.

El general Belisario Peguero inició su gestión asumiendo el reto de apartar la Policía de las funciones militares, ya que luego de 31 años de dictadura, el país se abocaba a vivir una etapa de transición hacia la democracia y correspondía a sus agentes garantizar un clima de paz en las elecciones fijadas para el mes de diciembre, con una actuación más tolerante que de costumbre en la custodia del orden público, para evitar por todos los medios que ocurriesen desórdenes en la campaña electoral que se iniciaba.

El Gobierno del Consejo de Estado se esforzó en demostrar que era sincero su discurso de construir un Estado de derecho donde la Policía estuviese en capacidad de proteger la seguridad ciudadana, garantizar la libertad de organización en todo el territorio nacional y reducir la práctica de las detenciones selectivas por motivos políticos, que se había incrementado en los días finales de la dictadura. Su voluntad de cambio se acababa de manifestar con la clausura de la cámara de tortura conocida como “La Cuarenta” y las diversas cárceles que habían sido dirigidas por el aborrecido Servicio de Inteligencia Militar (SIM).

Belisario Peguero inició su jefatura con buen pie, gracias a la promulgación de la Ley No. 6141, de fecha 28 de diciembre de 1962, que convirtió la entidad policial en una institución adscrita al Ministerio de Interior y Policía, para que actuara con autonomía de los organismos castrenses y trabajara de manera directa con el jefe de Estado.

El progreso de la Policía se sintió claramente en el Gobierno democrático del profesor Juan Bosch cuando fraternizó con civiles, mejoró su vínculo con la comunidad y se creó -en Radio Patrulla- elcuerpo antimotines conocido como los «Cascos Blancos»), cuyos miembros fueron formados en escuelas de esa entidad.

Incidió sin duda en dicho progreso la creación de la Intendencia de Material Bélico, la Junta Investigadora encargada de proteger a los ciudadanos, tras atender sus quejas cuando eran atropellados por miembros de la institución, y las nuevas divisiones de Investigación, Caballería y Transporte.

Intransigencia ante disidencia

Sin embargo, el golpe de Estado al presidente Juan Bosch durante la madrugada del 25 de septiembre de 1963 y la prohibición de la existencia de las organizaciones de izquierda -dispuesta por el Triunvirato el 8 de octubre de ese año, con la promulgación de Ley No. 6-, ocasionó el resurgimiento de la línea policial de mano dura y los métodos represivos de la dictadura.

Tanto así, que por el simple hecho de los jóvenes exhibir pelo largo, barba al estilo hippie o ropas con colores verdinegro o rojinegro, símbolos de la Agrupación Política 14 de Junio (1J4) y del Movimiento Popular Dominicano (MPD), decenas de ellos fueron apresados y golpeados con macanas de goma y bastones eléctricos, incluyendo adolescentes que ni siquiera pertenecían a esos partidos proscritos.

Esa situación provocó fuertes protestas en toda la Capital y fue el pretexto utilizado el 22 de octubre de 1963 por el Triunvirato para imponer -mediante un decreto ley- el estado de sitio en todo el territorio del Distrito Nacional, seguido del veto a la celebración de asambleas, desfiles, piquetes, etc., que no contaran con autorización del Ministerio de Interior y Policía.

La indignación social existente se incrementó con la controversia pública suscitada por el manejo de las cantinas militares y policiales, las que comenzaron a instalarse en el Gobierno de Bosch en beneficio de todos los militares y policías, apegadas a principios y normas cooperativistas; pero fueron transformadas en jugosos negocios de los oficiales más encumbrados que las administraron con criterios mercantilistas, en detrimento del comercio local, alegando que debían pagar impuestos.

Esas tiendas en sus inicios se nutrían de artículos despachados por la “Negociadora Santo Domingo, C. por A.”, una compañía intermediaria, propiedad del empresario Antonio -Papía- Najri, que recibió del Gobierno de Bosch permiso para importar mercancías exoneradas de impuestos.

Las reglas de juego cambiaron durante el Gobierno de facto que dispuso el establecimiento de una carga impositiva obligatoria a todas las importaciones, obligando a la empresa de Najri a apartarse de esa actividad comercial y solicitar al presidente del Triunvirato, doctor Donald Joseph Reid Cabral, la rescisión del contrato, al amparo de una de sus cláusulas, además del pago de una deuda millonaria por parte del Estado.

A partir de ahí se constituyó la empresa “Cantina Policía Nacional, C. por A”., presidida por el general Belisario Peguero, siendo sus socios los coroneles Apolinar Alfredo Montás Guerrero, vicepresidente-secretario; Gaspar Salvador Morató Pimentel, tesorero-administrador; Hermán Despradel Brache, vocal; Rubén Darío González Núñez, vocal; José de Jesús Morillo López, vocal; y Manuel Antonio de los Santos Almarante, comisario.

Dicha empresa surgió con un capital autorizado de medio millón de pesos de la época, operando en las instalaciones policiales de la avenida Independencia esquina Abraham Lincoln, donde se almacenaba y comercializaba comestibles, productos farmacéuticos, cigarrillos, licores, electrodomésticos y otros artículos que estaban en Aduanas.

Sin embargo, el general Belisario Peguero subestimó la magnitud del repudio que produjo en la sociedad esa improvisada empresa, sobre todo entre los líderes de las principales organizaciones comerciales, que dejaron sentir su voz con comunicados, notas de prensa y una potente campaña de denuncia sobre competencia desleal y exigiéndole al Gobierno que ordenara el cese de esa actividad mercantil que asociaban al contrabando.

Surgen diferencias entre militares y policías

El cuestionamiento público caló con ímpetu en el ánimo de muchos oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que veían con cierto recelo el poder económico que se atribuía al general Belisario Peguero. La animosidad silenciosa tomó cuerpo en los cuarteles y se expresó más tarde con lamentables enfrentamientos entre efectivos militares y agentes del orden público.

Uno de ellos ocurrió en la madrugada del sábado 8 de agosto de 1964 en una fiesta celebraba en el Club de Oficiales de la Policía Nacional, donde un oficial superior de esa institución golpeó salvajemente a otro de la Marina de Guerra y le provocó un aborto a su bella pareja.

El oficial agraviado era el teniente de navío Víctor Manuel Barjam Mufdy, de 26 años, quien llegó al lugar por pura casualidad alrededor de las nueve de la noche en compañía de su esposa, Rosario Calderón y de la señorita Gladys de la Rosa, luego de estar en la ceremonia nupcial de un oficial de la Marina que se había casado esa noche en una residencia del Ensanche Luperón.

Los tres visitaron antes las salas de baile de los hoteles El Embajador e Hispaniola, pero no encontraron mesa disponible, ni sillas donde sentarse a disfrutar de las fiestas que comenzaron con mucho entusiasmo en esos centros recreativos.

La diversión de la pareja en el Club de Oficiales de la Policía fue interrumpida a las dos de la madrugada, hora en que la señora de Barjam se vio precisada a ir al baño, siendo seguida por un hombre que la abordó en el pasillo y le dijo que era muy hermosa y que quería presentársela al jefe de la Policía, aunque este no se encontraba esa noche en el club.

Ella le respondió que estaba allí con su esposo y que no le interesaba conocer a nadie más, desatando la furia del sujeto, quien muy molesto se fue a la cantina donde inició un encendido ataque verbal contra la dama y luego -en compañía de otros individuos- se aproximó a su mesa y enseguida cambió la mira de su ataque contra el joven oficial de la Marina, a quien con tono imperativo le dio “dos minutos para abandonar el club”.

El teniente de navío BarjamMufdy estaba asombrado, pero guardó la compostura. Se disponía a salir de aquel sitio hostil cuando fue sorprendido por seis personas vestidas de civil que lo sujetaron por el cuello y los brazos, lo despojaron de su pistola de reglamento y lo inmovilizaron para que fuera atacado por el indicado oficial de la Policía, quien procedió a propinarle una patada en el estómago, lanzándolo de inmediato por la escalera sin reparar en que su esposa estaba aferrada a él y sufriría diversos golpes en la caída que le provocaron un aborto.

Se debe saber que el agresor era el entonces mayor Simón Tadeo Guerrero González, administrador del club de oficiales de la Policía, quien en enero de 1967, siendo teniente coronel y comandante del Departamento Sureste de la Policía, con asiento en La Romana, apresó al desaparecido abogado y asesor sindical Guido Gil Díaz, asesor luego del poderoso Sindicato Unido de la Gulf And Western.

También que el joven teniente de navío Barjam Mufdy se convertió en jefe del Estado Mayor de la Marina de Guerra durante el Gobierno de Salvador Jorge Blanco y ministro de las Fuerzas Armadas en 1986, al inicio de la gestión presidencial de diez años del doctor Balaguer.

Hostilidad sangrienta

En la madrugada del sábado 12 de septiembre de 1964 fue asesinado el capitán de corbeta Valeriano Brito Santana, tras sostener una discusión con el segundo teniente policial Miguel A. Castillo Peña, quien le disparó con su pistola de reglamento dentro de un bar situado en la casa No. 156 A de la avenida Teniente Amado García Guerrero, en la ciudad capital, donde ambos consumían bebidas alcohólicas junto a una joven empleada del lugar.

Igualmente, el sábado 21 de noviembre fue ultimado el mayor de la Policía José Rodolfo Urrutia Portes, de 32 años, por el primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana Luis Pascual Arroyo Rosario, quien le disparó por la espalda luego de que sostuvieran una discusión en la “Casa Estela”, un bar popular situado en la casa No. 18 de la calle José de Jesús Ravelo del sector Villa Consuelo, en el Distrito Nacional. Al lugar del suceso se presentó una camioneta de la Fuerza Aérea con una ametralladora emplazada y permaneció en el lugar hasta que el cadáver fue trasladado al hospital militar Dr. Enrique W. Lithgow Ceara.

Ese hecho sangriento fue muy lamentado debido a que Urrutia Portes era un deportista que estaba celebrando el triunfo obtenido ese día por el equipo de softball de la Policía en el poblado de San Luis. Estaba casado con la señora Dominicana Sangiovanni y dejó en la orfandad a sus hijos Nereyda, Rolando y Ruth Urrutia, menores de edad, quienes residían en la calle 18 Norte esquina 37, Ensanche Luperón.

Estos episodios sangrientos contribuyeron sin duda a ahondar las diferencias existentes entre militares y policías y llevaron al Gobierno del Triunvirato a plantearse seriamente la remoción de Belisario Peguero de la Jefatura de la Policía; sobre todo, luego de su controversia pública con los coroneles José de Jesús Morillo López y Francisco Alberto Caamaño Deñó, que dio motivo a que el día 17 de enero de 1965, un grupo de oficiales subalternos de la Policía buscara refugio en la base aérea de San Isidro como una forma de presionar por la cancelación del controvertido general.

En ese grupo estaban el capitán Manuel Antonio Sánchez, los tenientes Claudio Caamaño Grullón, Caonabo Rosario, Segundo Sánchez y Jesús Núñez Carela, del Escuadrón Contra Homicidios; el sargento Juan Antonio Arias y el raso Ramón Cordero.

Ese acontecimiento precipitó la renuncia de Belisario Peguero al cargo de jefe de la Policía, expuesta en una carta dirigida a los triunviros doctores Donald Reid Cabral y Ramón Cáceres Troncoso, donde decía que después de largos años al servicio de esa institución, “a la que había dedicado todo su entusiasmo y todas sus energías, realizando un servicio policial idóneo a favor de la ciudadanía, había llegado la hora de retirarse”, dando paso a una oficialidad académica y con experiencia en el manejo de los asuntos policiales.

El renunciante recordó que sobre sus hombros tuvo que llevar graves responsabilidades públicas y actuar sin titubeos, siendo útil a la sociedad cuando el país estuvo amenazado de debilitamiento institucional por la inseguridad y el irrespeto que imperó a principios del año 1962.

Se despidió diciendo que confiaba en que más temprano que tarde “mi labor será juzgada por hombres serenos que sabrían apreciar las circunstancias en que se había manejado, colocando sobre el platillo de la balanza y sin pasiones todo lo que había hecho por el fortalecimiento de la Policía durante casi tres años de afanes y desvelos como su rector”.

El día 19 de enero de 1965 fue nombrado en su lugar el coronel Hermán Despradel Brache, ostentando transitoriamente el grado de general de brigada.