Consultorio Laboral

No se ha hablado del pago de Bonificación. Es una salida de efectivo fuerte en este mes. ¿Qué orientación puede usted ofrecer sobre eso?

Entre las medidas de carácter fiscal adoptadas por el Gobierno ante el Covid-19, se decidió postergar por un mes la Declaración Anual de ISR. Eso quiere decir que las empresas cuyo año fiscal finaliza el 31/12, y que ordinariamente su presentación de IR-2 debía hacerse a más tardar el 31/03, ahora, con las nuevas medidas, queda postergando para que sea hecho hasta el 30/04.
En ese estado de cosas, a nuestro entender, el pago de la participación en las utilidades de la empresa (llamada comúnmente “Bonificación”) queda también postergado por el mismo período de tiempo, pues una cosa depende de la otra, todo esto de acuerdo con el principio accesoriumsequiturprincipale (“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”), vigente en los artículos 546, 1018, 1615 y 1692 del Código Civil. Este principio jurídico se aplica supletoriamente a la materia laboral en virtud del Principio Fundamental IV, in fine, del Código de Trabajo.

Siguiendo la lógica de ese razonamiento, no se le puede exigir a un empleador que reparta utilidades, cuando la determinación de las dichas utilidades todavía no se han fijado, debido a que las propias autoridades competentes (la DGII) postergaron por un mes la presentación del IR-2.

A partir de todo esto, a mi entender, el plazo para pagar la Bonificación queda postergado para que sea del 1º al 31 de mayo 2020, en vez del 1º al 30 de abril.

No obstante, varios asesores tributarios (contadores y abogados) opinan que una cosa no depende de la otra, y argumentan que la Bonificación se podría pagar con independencia del IR-2, a partir de un examen, por ejemplo, de los estados financieros auditados por un CPA, así como la documentación contable de la empresa, que es precisamente lo que usualmente evalúa la DGII para determinar las utilidades del negocio.

En todo esto, aparte de los aspectos jurídicos, hay que ponderar la realidad que estamos viviendo: exigirle pagar Bonificación a empresas que están cerradas y sin saber cuándo reabrirán, no es lo más sensato. Mas del 90% son Mipymes, y distinto a otros países el Gobierno de RD, con su Decreto 143-20, negó FASE a muchos, que siguen con mismos costos (alquileres, luz eléctrica, telecomunicaciones, préstamos, impuestos, etc.).