Por: Félix Lajara

La corrupción es un fenómeno social que ha plagado a muchas naciones en todo el mundo, y la República Dominicana no es la excepción. A lo largo de su historia, este hermoso país caribeño ha luchado contra la corrupción, un problema que se ha convertido en un obstáculo significativo para su desarrollo socioeconómico y ha minado la confianza en sus instituciones.

La corrupción puede definirse como el abuso de poder para beneficio personal, ya sea en forma de sobornos, malversación de fondos, nepotismo o cualquier otra práctica deshonesta. En el contexto dominicano, este fenómeno se manifiesta a varios niveles, desde la administración pública hasta el sector empresarial. Los efectos de la corrupción son perjudiciales en múltiples aspectos, pero uno de los más notorios es su impacto en la economía, ya que se lleva en sus garras el futuro de los que menos pueden.

La inversión extranjera es esencial para el crecimiento económico de un país, pero la corrupción disuade a los inversionistas de apostar por la República Dominicana. La percepción de que se requieren sobornos o comisiones para hacer negocios desincentiva la inversión y limita las oportunidades de empleo y crecimiento económico. Además, la corrupción conlleva una mala gestión de los recursos públicos, lo que disminuye la cantidad de dinero disponible para inversiones en infraestructura, educación y servicios de salud.

La falta de transparencia en la administración pública también socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cuando las personas ven que los funcionarios públicos están involucrados en actos de corrupción, como ha ocurrido en la gestión del presidente Abinader, donde han sido destituidos más de 20 funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción sin consecuencias, disminuye la confianza en el gobierno y en las agencias encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley. Esta falta de confianza puede llevar a una menor participación cívica y a un desinterés en la política, debilitando la democracia y abriendo las puertas a los famosos «outsiders».

La corrupción también afecta negativamente a la justicia y al sistema legal, sobre todo cuando sus actores buscan gloria personal antes que justicia colectiva. Cuando los individuos pueden comprar impunidad a través de sobornos, el sistema de justicia se debilita, lo que tiene un efecto dominó en la sociedad. La impunidad fomenta la criminalidad y la violencia, socavando aún más la seguridad y el bienestar de la población.

Para abordar este problema, la República Dominicana ha tomado medidas en los últimos años para combatir la corrupción, incluyendo la creación de instituciones de control y transparencia, como la Ley No. 340-06, que tiene por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, y la Ley 10-07 sobre control interno, autocontrol, autoevaluación y evaluación independiente, entre otras. Sin embargo, el camino hacia la erradicación total de la corrupción es largo y desafiante.

La corrupción es un fenómeno social que ha frenado el desarrollo de la República Dominicana en múltiples frentes, desde la economía hasta la confianza en las instituciones. Superar este desafío requiere un compromiso continuo con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones.

La lucha contra la corrupción es esencial para liberar el potencial de la República Dominicana y permitir que su gente y su economía prosperen plenamente. Por eso, no puede ser un mero discurso de campaña, sino una voluntad colectiva de todos aquellos que lleguen al poder para normalizar la gestión pública en el Estado Dominicano.