Brasilia.- La Corte Suprema de Brasil decidió hoy crear “un grupo de asesoría especializada” para acelerar los procesos relacionados con la operación Lava Jato, que investiga a casi un centenar de políticos aforados por su implicación, entre otros, en la trama corrupta destapada en la estatal Petrobras.

“Se trata de un grupo de asesoría especializada para reforzar el trabajo y dar prioridad a los procesos relacionados con la operación Lava Jato”, confirmaron a Efe fuentes del Tribunal Supremo.

La decisión fue tomada por el magistrado Edson Fachin, instructor en la máxima corte de Justicia del caso Petrobras, y la presidenta del órgano, Carmen Lucia Antunes, durante una reunión que tuvo lugar este lunes.

No obstante, esas mismas fuentes indicaron que aún no se tiene conocimiento ni cuántas ni qué personas integrarán ese núcleo de trabajo, que estará enfocado exclusivamente en agilizar las 113 investigaciones y cinco juicios ya abiertos relacionados con el caso Petrobras que tramitan en ese órgano.

El número de investigaciones aumentó notablemente después de que la Corte Suprema anunciara el martes pasado que autorizaba la apertura de 76 investigaciones contra casi 100 políticos con fuero privilegiado con base en las delaciones de 77 exdirectivos del grupo Odebrecht, que participó de las corruptelas en la petrolera.

Entre los investigados, están ocho ministros del Ejecutivo del presidente Michel Temer, que pese a ser citado no será investigado por la inmunidad de su cargo para hechos ocurridos antes del inicio de su mandato, y casi un centenar de parlamentarios de más de diez partidos políticos.

En la larga lista de sospechosos también están 12 de los 27 gobernadores del país y los cinco expresidentes brasileños vivos- José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).

La divulgación de los testimonios de Odebrecht, que estaban bajo secreto de sumario, se produjo un día después de la apertura de investigaciones y revelan, además de la financiación ilegal de campañas, “favores” en dinero para “retribuir” la obtención de obras públicas o la aprobación de leyes que favorecían a esas empresas. Según desveló el exdirectivo Hilberto Mascarenhas en su declaración a la Justicia, el grupo Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, pagó 3.370 millones dólares en sobornos entre 2006 y 2014.