Buenos Aires. La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) declara hoy como testigo en un caso que ella misma impulsó contra el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por la ejecución de contratos de venta de futuros de dólar.

Fernández acudió este miércoles al despacho del fiscal federal Jorge Di Lello por una investigación contra Sturzenegger y el juez federal Claudio Bonadio, quien investiga, en otro caso, supuestas irregularidades en los contratos de futuros de dólar celebrados el año pasado por el Banco Central, en el último tramo del Gobierno de la exmandataria, por lo que fue procesada en mayo de 2016.

En la denuncia impulsada por Fernández y presentada por un grupo de diputados kirchneristas en abril del año pasado se solicita que se investigue una posible “administración infiel en perjuicio de la administración pública, al haberse modificado las condiciones en que fueron celebrados los contratos denominados de dólares a futuro en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares».

La denuncia incluye también acusaciones de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y supuesto “prevaricato por parte del juez interviniente».

La expresidenta se sentará en el banquillo de los acusados por la causa que lleva adelante Bonadio, quien estableció que Fernández incurrió en “administración infiel en perjuicio de la administración pública».

También irán a juicio el expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli, el exministro de Economía Axel Kicillof y otros 12 exaltos cargos de su Gobierno. Bonadio investiga si mediante la celebración de contratos de futuros de dólar, el Banco Central pactó vender dólares a un precio que rondaba los 10,65 pesos por unidad, por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de operaciones, que por aquel momento se encontraban en torno a 14 pesos por unidad.

Según el magistrado, esta política habría ocasionado pérdidas millonarias a la entidad bancaria, mientras que tanto la exmandataria como el kirchnerismo en general continúan rechazando los cargos y alegan que las pérdidas se produjeron debido a la devaluación ordenada por el Gobierno de Macri, al poco de tomar el cargo en diciembre de 2015.