Ricardo Yen 
Cristóbal Rodríguez
El experto en Derecho Constitucional, Cristóbal Rodríguez, aseguró este martes que no le sorprende iniciativa de modificar la Constitución ya que la Carta Magna de 2010 pese a tener «muchos elementos positivos», nació con necesidad de reforma.
Rodríguez al tiempo de entrar en detalles sobre las falencias con la que nació la más reciente Constitución proclamada el 26 de enero de 2010 y reformada en 2015, referente al poder del presidente de la República de designar por decreto al procurador general de la República y por lo tanto, nació necesitando una reforma.
Constitución de 2010 con avances y retrocesos
El jurista sostiene que la actual Constitución de 2010 tiene elementos que ameritan ser reformadas porque al momento de su proclamación y aplicación ha representado retrocesos institucionales como el sistema de administración de justicia como la incorporación del procurador general de la República al Consejo Nacional de la Magistratura.
«Una consecuencia práctica fue una ruptura del equilibrio de fuerzas políticas que tienen representación en el Consejo Nacional de la Magistratura«, dijo el abogado constitucionalista quien argumentó que ese hecho le ha dado preeminencia al partido político en el poder en la figura del mandatario para decidir sobre «instancias tan sensibles» como el Tribunal Superior Electoral, la Corte Suprema de Justicia y el Tribuna Constitucional.
Rodríguez critica miembros del Consejo Nacional de la Magistratura evalúen a jueces de la Corte Suprema de Justicia «pienso fue una decisión muy desacertada».
De interés: Desafíos del presidente Abinader: Reforma constitucional y la tensa relación con Haití
El abogado constitucionalista tras ser entrevistado en el programa El Día que conducen los periodistas Indhira Suero y Germán Marte precisó que la Constitución de 2010 nació necesitada de reformas, por consiguiente, no le sorprenda iniciativas de modificación.
Al mismo tiempo, subraya que existe una «anomalía» en las designaciones para el puesto de procurador general de la República porque resultan ser dirigentes políticos orgánicos, lo que denota incompatibilidad por los roles de impartir justicia y ser activista político.
