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El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó auto de apertura a juicio en contra de 46 personas, por su presunta vinculación en un entramado que habría drenado al Estado con más de RD$21,000 millones, y que fue desarticulado mediante la Operación Calamar.
En el documento depositado en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, figuran como imputados Rafael Calderón Martínez, exsenador de Azua por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante el periodo 2016-2020.
También se incluye a Princesa Alexandra García Medina, Manuel Morilla Gil, Cesar Miguel Santana, Hathaly Hernández, Daniel Guerrero, Rosa Arias, Marino Enrique Cabrera, Mabel Mejía Cintrón, Natividad Martínez, Manuel Morilla Soto, Omar Manuel Miqui y Kimberly Zayas.
Asimismo, está José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia; Donald Guerrero, de Hacienda; Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas; Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
Imputación
Entre los cargos que el órgano persecutor le atribuye a los vinculados en caso Calamar, se encuentra haber formado una fuerza de tarea del crimen que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado.
Según la acusación, la función de esta entidad era «tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a tales fines falsearon documentos públicos, como los actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos y afectar sus derechos fundamentales».
Destaca que los vinculados además «falsearon documentaciones de otros ejecutivos del Estado, para proceder al pago de los más de 21,000 000 000.00 millones de pesos, de forma irregular».
«Adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados», añade el MP.
Obligaban a empresarios
Según la acusación, la «red de corrupción» obligaba a empresarios a cederle parte de su contrato, bajo la amenaza de seguir siendo suplidores del Estado.
Sostiene que «utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel».
Asimismo, el Ministerio Público afirma que «las estructuras criminales constreñían (obligaban) a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión del pago».
Obtención de los fondos
De igual forma, «crearon la necesidad de la obtención de los fondos e identificaron bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, “y así lograron que el Estado dominicano erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, que retornaban en beneficios económicos a los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de dicha organización criminal”.
Para esos fines, dice el MP, “la cabeza de la mafia gubernamental” requería directamente a los directores de las instituciones ejecutoras, como es el caso de Obras Públicas y la OISOE, “listados de expedientes con el objetivo de autorizar, mediante instrucciones de ejecución acelerada, que se elaboraran los pagos fraudulentos”.
El organismo asevera que los acusados también formaron «una estructura compuesta por funcionarios de niveles alto, medio y otros servidores públicos, así como por técnicos dentro de las distintas instituciones públicas utilizadas, los cuales se coalicionaron y asociaron para estafar al Estado dominicano, a los fines de beneficiarse a título personal de relacionados y terceros. En ese sentido, se comportaron como la alta diplomacia, con un representante de calidad, en cada institución, que tenía como objetivo viabilizar las operaciones criminales de la organización que lo había acreditado».
Zoom
El escrito está compuesto por unas 3,662 páginas, y «sustentado con más de 2,000 medios de prueba». El Cuarto Juzgado del Distrito Nacional fijó para 17 de junio de este año la audiencia preliminar del caso Calamar.
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