Altagracia Paulino 
Altagracia Paulino
Como un activista por las causas primordiales del país, con el entusiasmo de encontrar aliados y voceros responsables en el plan con el que asumió el controversial ministerio, Orlando Jorge Mera se creció cuando el 26 de marzo de este año escuchó, por más de cuatro horas, a los representantes de las principales zonas afectadas por las devastaciones llevadas a cabo por dominicanos malintencionados, que no entienden que las áreas protegidas y las cuencas de los ríos son patrimonio de todos.
Estábamos en el salón conocido como Nueva Universidad (NU), un multiuso con amplia capacidad para alojar a varios centenares de personas. Para que alguien del Gobierno acuda a la UASD a prestar atención a delegados ambientalistas de todo el país, como lo hizo el ministro, hay que estar henchido de convicción o ser muy valiente.
Con la entereza de un caballero y la integridad que le distinguía, Jorge Mera se comprometió con la ley y la Constitución en favor de hacer lo correcto respecto a la defensa de las cuencas de los ríos. Explicó que grandes mafias actúan en contra de los intereses del país, que tenía mucha presión de grupos económicos que han hecho sus fortunas bajo el amparo de la complicidad de los gobernantes; que hacía esfuerzos para que en su gestión las cosas fueran diferentes, que haría lo posible, pero que había que entender que los cargos son pasajeros y que hacer sostenible ese compromiso requería de perseverancia.
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Un hombre de la talla y convicción de Orlando, expresadas en su gestión y que recogen diferentes voces de todo el país, debía suponer riesgos en un medio donde no se entiende que el poder es para servir, no para servirse.
Encontrar funcionarios que, apegados a las leyes, hagan lo correcto no es lo usual en nuestra cultura política. Quien defiende derechos choca, con frecuencia, con intereses que no necesariamente representan los apremios de los dominicanos.
El compromiso de los gobernantes, referido al patrimonio de todos, debe comenzar con una defensa férrea a las zonas protegidas, a los recursos hídricos porque sin agua no tendremos vida. El agua como derecho humano es garante de otros derechos y un ministro de Medio Ambiente debe velar por ello. Orlando lo intentó.
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A propósito de las áreas que son de dominio público, según lo establece la Constitución, como las playas y los ríos deben ser públicas porque son patrimonio de todos. Este es el único país del mundo donde las playas son privadas. En España, por ejemplo, las playas son para el disfrute de todos. A ningún hotel se le ocurriría cercar una playa como se hace aquí. Lo más lamentable es que, aunque figura en la Constitución, nadie reclama, existe una suerte de alienación, todos estamos “convencidos de que las playas son de los hoteles”.
Es muy difícil revertir esa cultura enquistada en muchos sectores del país. Por eso se hace imprescindible tener claro que la muerte de Orlando tuvo que ver con la intención de querer hacer lo correcto y que, una vez más, hay que reclamar con fuerza, que la fiesta de las mafias debe terminar por siempre.
