El gran desarrollo de los sistemas de comunicación, la revolución de las expectativas y modos de consumo y de vida de la población, de todo tipo, han creado una velocidad de cambio social y conductual extremadamente rápida. Lo cual hace inadecuadas las normas institucionales, los valores y normas de buena conducta heredados, y al propio aparato administrativo y de control social del Estado.

Una realidad especialmente visible en nuestro sistema vial, así como en los espacios y servicios públicos.

Resulta especialmente preocupante el sistema de normas legales e institucionales, las cuales, como hemos destacado, fueron mayormente importadas y adaptadas deficitaria y precariamente a nuestra realidad social, llegando a ser un sistema normativo desconocido, ignorado y hasta menospreciado por gran parte de la población.

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De modo que, en gran medida, lo habitual, lo forzosamente necesario es la ilegalidad y la corrupción.

Podría decirse (si no nos escandaliza o nos paraliza), que nuestro sistema social no solo funciona en gran medida en la ilegalidad y la corrupción, sino que, más aún, no podría funcionar sin estos.

Las fuerzas originadas o ligadas al narcotráfico y los negocios ilícitos en muchas ocasiones se han adaptado y adherido a muchas industrias del sistema capitalista local de nuestros países, habiendo encontrado acogida en entidades financieras diversas, especialmente en cuanto a la conversión del dinero del narcotráfico a dinero limpio y circulante, mediante ingeniosos mecanismos que incluyen la importación de mercancías diversas desde otros países.

Por su parte, las actividades comerciales de corte tradicional se han mantenido en el manejo de la producción para el consumo local, la importación y distribución y venta de bienes de todo tipo, locales e importados, para abastecer a un mercado que se hace cada vez más diverso y competitivo, caracterizado por la demanda de una población creciente con mayores aspiraciones de consumo, instada por la propaganda o publicidad que permea todos los estratos sociales y los induce a estilos de consumo que se convierten en la razón de ser de sus vidas.

La corrupción, como queremos destacar, no es una conducta anómala, ocasional, de parte de muchos agentes o actores sociales, sino una conducta generalizada que no puede ni debe ser disfrazada de anormal. Más bien se trata del motor mismo de una sociedad cuyo mayor afán es poseer y consumir; cosas que no son pecaminosas per se, pero que resultan autodestructivas dentro de una visión de la vida cuyo futuro no trasciende hacia valores más elevados, sino que mayormente importa tener y consumir. En este contexto, no hay manera posible de tener un sistema legal e institucional, público y privado, que funcione razonablemente, ni en este ni en país alguno, dentro de un esquema que podamos llamar democrático.

Este tema merece estudios y análisis profundos metódicamente diseñados que apunten hacia una redefinición de nuestra sociedad, en vez de perder tanto tiempo en falsa crítica y señalamientos hipócritas sobre hechos y conductas que no son evitables ni manejables por nuestro actual sistema social y político.