En algún momento tendrá que encenderse la luz roja por la tanta apelación a la alternativa gravosa de los endeudamientos para compensar lo exiguo de las recaudaciones con tal de seguir sacándole el cuerpo a una reforma fiscal que libere al pueblo de lo que tanto le cuesta que son los gravámenes al consumo y para que el Estado obtenga lo que en buena ley le correspondería que es una mayor participación en la generación de beneficios y riquezas en que se bañan algunas personas individualmente y corporaciones.

Los Gobiernos, subordinados a la pretensión de garantizarse aprobación pública, y con más impulso si soplan vientos reeleccionistas, apelan consistentemente a lo que el experto en finanzas públicas Magín Díaz describe como «soluciones financieras a problemas económicos», con lo que podría estar refiriéndose a que el poder se exime de tocar las fallas estructurales que por siempre generan los déficits que obligan a tomar créditos para que la nave del Estado siga sin irse a pique aunque esté haciendo agua por un tubo y siete llaves.

Esas «soluciones» serían, ni más ni menos, «para posponer el costo político de ajustar las cuentas públicas» con oídos prestos a recomendaciones de asesores del oficialismo que, entre otras medidas, suelen abogar por descensos en las inversiones públicas con tal de no abordar la rigidez de los gastos corrientes, incluyendo esos que crecen sin parar por razones partidarias que generalmente logran ser los más «atendibles».

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Se llega al extremo de haber puesto al país en el más bajo nivel de gastos de capital en mucho tiempo que son los que aumentan la disponibilidad de bienes fijos y resultan auténticamente necesarios mientras la ejecución presupuestaria pone a este Gobierno en el camino de llegar a un nivel «considerablemente inferior en promedio a lo ejecutado en los últimos veinte años previos a la pandemia» (M.D.)

La atención ciudadana está, sin embargo, remitida a recursos publicitarios de honda penetración con una cadena interminable y muy visible de inauguraciones y picazos iniciales que causan la impresión de que el Estado es pródigo en realizaciones, a pesar de que los observadores más exigentes atestiguan lo contrario: que la presente gestión va en la ruta de ser la que menos inversiones alcanzará en un periodo de cuatro años.

ERARIO POBRE

El «País Dominicano Temático», un espacio para el debate, ha sostenido que la República Dominicana, que funciona con una endebilísima presión fiscal de 12,6% del PBI, experimenta permanentemente la brecha fiscal consistente en una aguda diferencia entre lo que debe recaudar en función del Código Tributario y lo que realmente logra porque este país vive bajo el azote de la evasión fiscal, el reporte incompleto de las rentabilidades de múltiples negocios de todos los tamaños y lo que directamente llaman «elusión», que es una forma de incumplir obligaciones tributarias con maniobras que bordean la ilegalidad sin entrar de lleno en ella.

En su diagnóstico dice más: «La evasión fiscal no solo constituye una de las grandes debilidades del sistema tributario dominicano, sino también uno de sus grandes retos. La evasión surge de cualquier acción fraudulenta para evitar el pago total o parcial de un impuesto. Históricamente las entidades gubernamentales responsables de las recaudaciones fiscales han sido incapaces de aumentar la presión tributaria».

Sobre la falta de confianza en esos órganos y en la calidad del gasto expresada en el informe de «El país dominicano Temático» abunda el Banco Mundial al criticar los niveles inferiores de ingresos tributarios que suceden en muchos países en desarrollo, incluyendo la República Dominicana, desde luego.

Al respecto, la entidad multilateral recomienda a los Gobiernos que buscan la manera de fortalecer el sistema de recaudación adoptar un enfoque integral de reforma que entre otros objetivos aumente la confianza de ciudadanos. Para sociedades como la dominicana, recaudar más es imprescindible para proporcionar a la población servicios básicos y postergar los cambios institucionales imprescindibles para lograrlo ha sido actitud permanente de Gobiernos.

CRECER SIN PAGAR

Sorprendente que los volúmenes de producción de bienes y servicios del país conserven, aun en meses de adversidad, su tendencia a subir sin que ocurra al mismo tiempo el impacto de más ingresos para el fisco al cual dejarían de llegar en este año RD$411,691.5 millones, cálculo suministrado a HOY por el analista de cuentas públicas Nelson Suárez, partiendo del PIB previsto de más de seis billones de pesos. Unas pérdidas impositivas que anualmente rompen récord y que en 2021 alcanzaron los RD$322,484.3 millones.

Al desglosar la fuga de recursos, Suárez amplió sus declaraciones de esta forma: «Las estimaciones oficiales sitúan los niveles de incumplimiento tributario en RD en torno al 40% en el ITBIS y el 61% en el Impuesto sobre la Renta. Lo anterior significa que cada año el Gobierno deja de percibir ingresos tributarios por un monto equivalente al 5.9% del PBI (4.3% del Impuesto sobre la Rentas más 1.68% del ITBIS).

Desde sus comprobaciones, la presión fiscal en República Dominicana ha sido de un promedio anual de 13.1% del PIB, muy por debajo de los promedios de América Latina y el Caribe con niveles de 18% y 24%. Y además el peso actual de los impuestos a la criolla «no guarda relación con los niveles de crecimiento económico que reflejan las cifras del Banco Central», como si los éxitos de producción y comercio, considerados extraordinarios, estuvieran fuera de sensitivos registros contables para fines impositivos.

Sin los altos niveles de incumplimiento, en términos formales la presión tributaria resultaría de un 21% y 24% «pero los niveles de exenciones y exoneraciones (calculados como «gastos del fisco» de lo que nunca pasó por sus arcas) son de alrededor del 4.5 del PBI y con la evasión de un 5.9% restan un total de 10.4%, quedando en un 13.6 que es lo que percibe en promedio el Estado cada año», afirmó Suárez. En 2021 los impuestos al consumo, de mayor gravitación sobre los pobres, representaron alrededor del 60.0% de los ingresos tributarios.

UN FISCO AUTOLESIONADO

Un estudio académico sobre la evasión fiscal en República Dominicana bajo las firmas «Ogando Bautista y Yulessy Cesarina» señala entre las principales causas «la existencia de una gran cantidad de negocios informales en el país, que representan más del 50% del empleo» y aunque el resultado de la investigación no lo diga expresamente, la costosa complejidad de trámites y exigencias que motiva a potenciales contribuyentes a no formalizarse proviene de la renuencia política a ponerle al «gato» el cascabel de la reforma fiscal, una reestructuración que inevitablemente tendría que obligar a tributar a muchos camajanes que andan por ahí.

Los estudiosos describen en su informe al sistema tributario dominicano como complejo y critican la desbordante generosidad del Estado en conferir exenciones para núcleos de la economía que se nutren excesivamente produciendo bienes y servicios. Mientras, de otro lado en el país ocurre también la «subdeclaración fiscal» debida a errores involuntarios. «La gran mayoría de estos errores son atribuidos al desconocimiento de las normativas fiscales que se incrementan cuando el sistema tributario vigente es complejo».

Además, el Estado dominicano se lesiona a sí mismo por culpa de malos ejercicios de la política desde el poder que han generado históricamente una falta de confianza por parte de ciudadanos y contribuyentes en quienes guían el régimen fiscal «a causa de todos los casos de corrupción acontecidos» sin dejar de reconocerse que la propensión a pagar impuestos no tiene mucha presencia en la psicología criolla.
Una parte de este diagnóstico sobre las causas y efectos de la evasión fiscal en el país refiere la existencia en este medio de un «bajo riesgo para contribuyentes evasores de ser detectados, ello vinculado al bajo régimen sancionatorio implementado para reducir las evasiones».

Conclusiones de otra evaluación al sistema fiscal dominicano suscrito por «País Dominicano Temático» reconoce que con anterioridad a estos tiempos el Estado introdujo nuevas figuras impositivas como las impresoras fiscales, el comprobante fiscal y el PST o «Procedimiento Simplificado de Tributación». Sin embargo, considera que aunque los esfuerzos han tenido sus frutos como modernizadores institucionales y de eficiencia, «esto no ha sido suficiente para incrementar la presión tributaria a niveles del promedio de la región».