No hay modo de remendar tantos harapos, de restaurar la dignidad y autoestima raídas de tanta gente avasallada, aprisionada con los grilletes de un asistencialismo clientelar. Camino errado para resarcir los estragos de la desigualdad social, que nunca podrán superar con paliativos de programas generadores de hábitos de dependencia que indefinidamente atan a los beneficiarios al Estado, sin que logren salir de la pobreza.
¡Un fracaso! Parches aquí y allá, burdas puntadas pretendiendo zurcir los agujeros de la ausencia de un estado de derecho que garantice la seguridad económica y social, pues una y otra vez vuelven a agujerearse al no crear capacidades ni oportunidades.
Subsidios, transferencias monetarias que no tapan los boquetes del desempleo, las taras de la ignorancia y de la malnutrición. Millones y millones de pesos que se deslizan año tras año por las cañerías sin fondo y destino cuestionable del asistencialismo desde los poderes del Estado.
En programas fijos o en operativos ocasionales, con ayuda personal o colectiva, se involucran el Poder Ejecutivo, el Senado, la Policía, el Ejército y la Marina, ministerios, entidades autónomas, gobernaciones y cabildos.
Un gasto improductivo, que no aporta al desarrollo, al dar dinero en vez de fuentes de trabajo, dádivas que generan parasitismo, corroen el tejido social, erosionando la capacidad de iniciativa, la creatividad.
La asistencia social no corrige las distorsiones de la economía, no se enfoca en actividades productivas, en la creación de empleos de calidad, lo que junto a la educación y provisión de otros servicios básicos, reduciría la pobreza.
Más bien se orienta a mantener en situación de dependencia económica, política y social a la gran masa paupérrima, sin que la falta de conciencia de sus derechos le permita concebir que otra realidad es posible.

Estrategia de desarrollo. La política asistencial, desarticulada intersectorialmente, no es parte de una estrategia de desarrollo, ni existe un vínculo entre las política social y la económica.
Tampoco se produce la coordinación y sinergia que generan la educación, salud, empleo, vivienda, medio ambiente, agua y saneamiento, como parte de un proceso de desarrollo integral. Por el contrario, el Estado opta por donativos que atenúan la presión social, evitando que la bullente caldera de la inconformidad explosione.
Los planes de protección de poblaciones en pobreza incluyen una diversidad de programas de estructura burocrática costosa, hipertrofiada, sustentados en transferencias monetarias que drenan y desnaturalizan el gasto público.
Predominan programas sin sostenibilidad, desintegrados, de enormes duplicidades y gran complejidad por la cantidad de instituciones que coexisten, unas treinta entidades estatales y siete consejos tan numerosos en su interno que dificultan su operatividad.
Conllevan una inversión sin efectividad ni retorno que profundiza los déficits fiscales y se traduce en más deudas e impuestos, a la postre costeados por el consumidor, incluyendo a los beneficiarios de esa ayuda, con la alimentación menguada por el Itebis.
Hegemonía. La Presidencia de la República concentra la mayor parte de la ayuda con su Plan de Asistencia Social, Comedores Económicos y los programas del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, a cargo de la Vicepresidencia.
Alrededor de dos millones de personas son asistidas mensualmente por el Plan Social de la Presidencia en alimentación, salud y vivienda. Más de 400 mil raciones de alimentos, (a RD$400 cada una) distribuyen al mes entre igual número de familias. Estiman su inversión anual en RD$1,200 millones, a lo que se suman los gastos de la Presidencia en otras ayudas.
La dependencia que en los receptores genera incrementa el gasto social al crecer la cobertura, como el Programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), cuyos afiliados pasaron de 200 mil en 2005 a más de un millón en 2016, cuando han otorgado 47 mil tarjetas de transferencias condicionadas.

Sin embargo, no los protegen de la vulnerabilidad de su existencia. Alivian ligeramente el ingreso, pero no aportan las habilidades, conocimientos o destrezas para que, en el mediano o largo plazo, rompan el círculo de la pobreza.
La inversión anual de Prosoli, sobre los RD$10 mil anuales, se suma a lo destinado por el Plan Social, a proyectos asistenciales de otras entidades del Estado. El monto global se cuantificó en RD$16,276 millones para 2009 (PNUD-MEPyD), estimándose en los años siguientes entre RD$18 mil y RD$20 mil millones anuales.

Impacto nocivo. La débil conciencia ciudadana, la falta de valores éticos en muchos beneficiarios y ausencia de ideologías que los vincule a un proyecto político, convierte la ayuda en intercambio de favores:
__Me das “lo mío”. Te doy mi voto.
Aunque dan preferencia a peledeístas, las tarjetas se entregan a familias de otros partidos. No importa, el objetivo es ganar su adhesión con una ayuda permanente que mantiene la atadura. Al sentirse agradecidos con la intervención estatal se configura una relación estrecha, difícilmente superable con una protección que no sea transitoria. Desarrollan un sistema de vida en los asistidos, quienes articulan su dinámica de subsistencia sujeta al aporte recibido.
Personalizan al dador en el Presidente o la Vicepresidenta de la República y la Primera Dama, promueven figuras políticas, congresistas, ministros y síndicos, a los que se subordinan, a los que entregan su lealtad y por supuesto su voto.
¡Un fracaso social! ¡Un “éxito” político!