Luego que el Senado de la República aprobada «sancochada» en dos lecturas y de urgencia la nueva Ley de Régimen Electoral (15-19), los diputados tienen la intención de validar dicha normativa, lo que evidencia la desconsideración de los sectores principales en el diálogo nacional.

La afirmación pertenece al miembro del Comité Político y secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, que en su cuenta de Twitter hizo una escueta radiografía sobre el proyecto de ley que busca facilitar el trabajo de la Junta Central Electoral (JCE).

«En los artículos 3.5 y 138 del proyecto aprobado se define el transfuguismo, pero el Senado excluyó la definición de tránsfuga y no consideró ninguna sanción a este fenómeno, lo que demuestra que al PRM (Partido Revolucionario Moderno) poco le importa el daño que el transfuguismo causa a democracia dominicana», detalló Dantés Díaz.

El peledeísta, que también es abodado, puntualizó que el Senado también excluyó el principio de objetividad establecido en el artículo 211 de la Constitución de la República, y agregó una serie de criterios funcionales que llama “principios”, sin serlos, muchos de los cuales pertenecen a la jurisdicción contenciosa electoral, no así a la administrativa.

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Esos criterios funcionales adicionados, explica el titular de los asuntos jurídicos del PLD, no son valóricos o deontológicos y, en consecuencia, «no son principios toda vez que estos deben expresar un valor o núcleo de valores para darle sustancia a normas e instituciones. No todo puede ser considerado un «principio».

Sobre diputado de ultramar

La diferencia del método de elección entre diputados de ultramar (art. 114) y diputados al Parlamento Centroamericano, Parlacen, (art. 95, Párr.) contradice el principio de igualdad del artículo 39 constitucional y pp. de universalidad y secretividad citados en el precedente del Tribunal Constitucional de la República, según Dantés.

«Si bien apoyamos la realización de debates por parte de todos los candidatos, su obligatoriedad no es conforme a la Constitución, pues el silencio es una forma de libertad de expresión; lo que no queda claro en redacción del art. 176, Párrafo, del proyecto aprobado por el Senado», acotó el peledeísta.

¿Un proyecto «sancochado»?

Dantés aseguró que la Cámara Alta «sancochó» el proyecto de ley que, en su artículo 11, estableció que la sede principal de la JCE se encuentra en el Distrito Nacional, cuando legalmente se encuentra ubicada en el municipio Santo Domingo Oeste de la provincia Santo Domingo.

El abogado terminó un hilo expositivo en dicha rede social explicando que la legitimidad social y política de la nueva ley electoral se sustenta en los consensos logrados en el diálogo nacional, «promovido por el Gobierno, por lo que los diputados del PRM deberían respetar el trabajo realizado por todos los sectores que participaron en dicho diálogo».

La JCE

Hace varios meses, el presidente JCE, Román Jáquez Liranzo, afirmó que no existe el procedimiento que permita a ese organismo sancionar de forma administrativa a los partidos y organizaciones políticas que realicen campañas proselitistas a destiempo.

Jáquez Liranzo manifestó que tanto la Ley de Régimen Electoral como la de Partidos y Agrupaciones Políticas, han dejado un vacío en cuanto a la regulación del periodo previo a la precampaña y a la imposición de sanciones.

Sin embargo, el funcionario aseguró que ese organismo elaboró un borrador de reglamento, que hace tres semanas presentó a los actores políticos y al país, para implementar el procedimiento que permita sancionar a los partidos y agrupaciones políticas que realicen campañas fuera de los plazos de ley.

Jáquez Liranzo aclaró que luego de ser presentado el reglamento, debe concederse un plazo a los partidos y la sociedad en sentido general, para que expresen sus opiniones sobre el particular.

“La Constitución es muy clara en que para que haya alguna sanción debe cumplirse con el debido proceso y ese debido proceso está plasmado en este reglamento, que como dije está en manos de los partidos y de la sociedad”, expresó Jáquez Liranzo.

Agregó que ese vacío sancionador en la norma es una de las cosas que hace urgente aprobar de una nueva Ley Electoral, para que así la JCE tenga “las garras y dientes para morder a aquellos que han adelantado su calendario de campaña”.