En tan solo algunos minutos, las juezas Giselle Méndez, Tanía Yunes y Jisell Naranjo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tendrán la responsabilidad de dar a conocer la decisión tomada entorno al caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana.

Es necesario para entender el origen de este caso, remontarse a la investigación dada a conocer en marzo del 2014 por la Policía Federal de Brasil cuyo entramado fue denominado como “Lava Jato” producto del supuesto blanqueo de dinero en diversas operaciones de corrupción en el país suramericano y otros países.

Investigaciones realizadas por los Estados Unidos dieron a conocer la conexión de unos 12 países en los sobornos ofrecidos por la constructora.

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Entre los países señalados figura República Dominicana, quien en el 2016 se ve obligada en abrir una investigación sobre el caso, ya que la misma tenía varios años trabajando en el país.

Entre las instituciones vinculadas a los sobornos de Odebrecht en República Dominicana se encuentran el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y Punta Catalina.

Todas estas entidades del Estado adjudicaron obras a la constructora Odebrecht bajo la autorización del Senado de la República y la Cámara de Diputados.

El Ministerio Público argumentó que el empresario Ángel Rondón Rijo; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; el abogado Conrado Pittaluga; el expresidente del Senado de la República, Andrés Bautista; el exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, y Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Inapa, son acusados por los delitos de prevaricación, estafa contra el Estado, sobornos, enriquecimiento ilícito, falseo de documentos y lavado de activos.

Dejados en libertad

En principio, el caso de los sobornos provocó una ola de apresamientos en el que se vieron involucradas unas 14 personas, de las cuales 8 fueron excluidas, sus expedientes archivados y dejadas en libertad, estos son Alfredo Pacheco Osoria, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, César Domingo Sánchez Torres, Juan Temístocles Montás Domínguez, Julio César Valentín Jiminián, Máximo Leónidas D’Oleo Ramírez, Ramón Radhamés Segura, Ruddy González.