Por tratarse de un asunto que reviste tanta gravedad, que ha sido calificado como un hecho sin precedentes, lo que es mucho decir tratándose de la Policía Nacional, puede entenderse y aceptarse que para proteger los buenos resultados de las investigaciones que se realizan para determinar responsabilidades en el robo de municiones del depósito de la institución, que luego eran vendidas a particulares, no se hayan revelado todavía los nombres de los implicados.

Pero por esa misma razón debe entender la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, la insistencia de los medios en conocer sus identidades, a lo que hay que agregar el temor, por demás legítimo porque es lo que nos ha enseñado la experiencia, de que se les quiera proteger con ese silencio, que por razones obvias no puede prolongarse demasiado ni lo debemos permitir.

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Y si es verdad que una parte de esas municiones fueron traficadas hacia Haití, que fueron a parar a manos de las pandillas criminales que imponen el caos de aquel lado de la frontera, como reveló el periódico El Día, con mas razón todavía, ya que estamos hablando de palabras mayores, de un delito que trasciende las fronteras nacionales y que coloca a la República Dominicana en una posición muy comprometida e incómoda con respecto a nuestros vecinos. Según lo publicado por el diario, fue la misión de la ONU asentada en Haití la que dio la voz de alerta a nuestras autoridades, al detectar que municiones en poder de algunos pandilleros estaban en cajas identificadas como pertenecientes a la Policía Nacional.

Se trata, insisto, de un asunto muy serio que no se puede tomar a la ligera ni como otra acción impropia mas de una Policía que necesita con urgencia cambios profundos, que no parece vayan a llegar con una reforma que se ha cacareado mucho durante los últimos cuatro años pero que se refleja poco en el comportamiento de sus miembros, que por lo que acabamos de ver con el robo de las municiones va de mal en peor.