Ignoro cuántos miembros componen el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), pero debería ser motivo de alarma, porque a simple vista parecen demasiados, que su director anuncie que 172 integrantes de ese cuerpo fueron expulsados por cometer diferentes delitos y graves irregularidades durante el desempeño de sus funciones en apenas año y medio.

El mayor general Carlos Febrillet Rodríguez, quien advirtió que la profilaxis continuará, explicó que los cancelados durante su gestión se involucraron en tráfico de drogas, contrabando de mercancías y dólares, y trasiego de personas con documentos falsos, entre otros delitos, mientras prestaban servicio en los aeropuertos de Punta Cana, Las Américas, Gregorio Luperón de Puerto Plata, y el Cibao de Santiago.

El oficial no explicó qué ocurrió finalmente con los cancelados, que debieron ser sometidos a la justicia en los casos que así lo ameritaban, pero aunque eso es lo lógico, lo que manda el librito, con demasiada frecuencia eso no ocurre, y la sanción queda reducida a la expulsión del cuerpo o un traslado con pretensión de castigo que nunca es tal.

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Tal vez eso explique, aunque no sea la única causa, que veamos a tantos miembros de la Policía y organismos militares involucrados en acciones irregulares o abiertamente reñidas con la ley; o como socios y protectores de narcotraficantes, a los que han llegado a servir hasta como jefes de seguridad y gatilleros a sueldo.

A eso hay que agregar la tolerancia social, hasta el punto de considerarse normal, hacia la corrupción de unos y otros, desde el cobro de peaje en los puntos de drogas hasta la depredación de gran calado de sus jefes, de lo cual hay buenos ejemplos en la cárcel de Najayo.

Y eso tiene que cambiar, como parece estar cambiando, pero es mucho lo que todavía nos falta para convencer a policías y militares de que sus uniformes no les otorgan licencia para violar la ley o para apropiarse de bienes y recursos que son de todos.