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El Consejo de Defensa del ex-procurador Jean Alain Rodríguez, implicado en el caso Medusa, denunció que la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) procura con la acusación minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional, que fue iniciado por su cliente y ratificado por la actual gestión, con pagos adicionales de más de 220 millones no contemplados ni justificados a la fecha, a una obra que luego abandonaron dolosamente y cuya eventual responsabilidad por daños y reclamos, le corresponde a este gobierno.
De acuerdo con el abogado Carlos Balcácer, en diciembre del 2020, la actual gestión de Miriam Germán Brito ratificó y aumentó hasta en 60 millones de pesos cada contrato de obra de la Cárcel La Nueva Victoria, estipulando como última fecha de entrega el mes de marzo del año 2021, «de hecho y como ejemplo, la empresa Remix Rotilla, entregó -y esta gestión recibió- a total satisfacción, hace más de dos años, todos los edificios de celdas, dispensarios médicos, iglesias, comedores, casetas de seguridad, planta eléctrica, accesos y áreas exteriores completamente equipados, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por esta gestión».
«Resulta un obstuso desatino que no hayan puesto en funcionamiento esas instalaciones y las abandonen, mientras en la actual Victoria decenas de personas han perdido sus vidas al amparo del narcotráfico, con un control absoluto que hasta ha llevado a que la Procuradora General tenga que mudarse de su acostumbrada vivienda a una desconocida. De haberse continuado el proyecto penitenciario de la gestión de Jean Alain Rodríguez, no hubiese existido espacio para que fenómenos de la naturaleza que hoy embarga la Procuradora, se hubiesen realizado”, expresó a través de un comunicado de prensa.
De su lado, el jurista Gustavo Biaggi Pumarol dijo que la acusación (contra Jean Alain) no ha podido contradecir que en las licitaciones participaron cientos de empresas y que las obras fueron adjudicadas a las de mayor prestigio con las ofertas más económicas.
«Tampoco han podido explicar el porqué, si hubo irregularidades, la Procuradora General Miriam Germán Brito, ratificó todos los contratos y les pagó 220 millones adicionales que no estaban contemplados, sin ningún cambio en las obras, basado en una cláusula de “equilibrio económico” para los necesarios ajustes por aumento de la tasa del dólar, pero ya ese ajuste se había realizado, entonces el país debe conocer porque hicieron dos veces ese ajuste», manifestó.
Pumarol afirmó que la Pepca ha tirado a la basura cerca de 6,000 millones de pesos, y permite que roben todos los equipos que allí estaban, pero parece que estos cuestionados actos “son subsanables”, cuando lo realizan los nuevos funcionarios designados por decreto.
Asimismo, la abogada Nelys Rivas agregó: «Hace ya 3 años la Nueva Victoria estaba lista para recibir 3,000 internos y equipada en su primera fase con más de 200 agentes, el penal dotado con sistema de agua, energía y generadores eléctricos, decenas de vehículos, motocicletas, autobuses, 35,000 camas y colchones, sistema de comunicación y seguridad, miles de cámaras de video y computadoras, cocinas y sus enseres, estación de bomberos equipada, 12 caniles de ataque y detección de drogas, “biblioteca equipada con más de 30,000 libros, 20 canchas de basquetbol, cuatro estadios de pelota, pista olímpica, gimnasios equipados, naves industriales y talleres para escuelas vocacionales, ocho iglesias completamente amuebladas, tribunales y centros de atención de la salud con sus equipos, uniformes y vestimenta para 8,700 privados de libertad, sin existir una sola justificación para haber abandonado este trascendental y humano proyecto».
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