El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acaba de otorgar un plazo de quince días al Intrant para que presente un informe, debidamente fundamentado, sobre las bases legales que sustentan la tarifa de renovación de licencias de conducir que establece un periodo de tan solo dos años para las personas mayores de 65.

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En una comunicación dirigida al director del Intrant el Defensor del Pueblo expresa su preocupación por la situación, ya que ese trato diferencial en el tarifario es injusto y vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución. ¿Le hará caso al emplazamiento del Defensor del Pueblo el ingeniero Milton Morrison? Pregunto porque mañana se cumplen exactamente treinta días del envío de una comunicación parecida al Director de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, en la que Pablo Ulloa le solicita un informe sobre las muertes en intercambios de disparos de 54 personas en lo que va de año, y la respuesta que ha recibido hasta ahora ha sido el silencio mas absoluto, silencio que, sin embargo, lo dice todo.

Cuando uno pregunta en Google cuáles son las atribuciones del Defensor del Pueblo, lee lo siguiente: “Salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos y particulares que afecten intereses colectivos y difusos”. Es evidente que tanto en el caso de los intercambios de disparos como del trato discriminatorio a los mayores de 65 años tiene competencia para intervenir el Defensor del Pueblo, que puede estar a punto de descubrir que las atribuciones que le confiere la ley que lo creó no tienen ningún efecto en la vida real. Esa es una mala noticia para los ciudadanos de un país donde cualquier pelafustán con un chele de autoridad considera que puede atropellar, de manera impune, los derechos de los demás, y por desgracia la realidad casi siempre termina dándole la razón.