La operación ideal en todo sistema eléctrico implica una correlación directa entre la generación de energía eléctrica y la demanda (consumo) de la población, de manera que exista entre ambos extremos un balance, un equilibrio, considerando que se opera 24/7 en tiempo real.
Ese equilibrio puede verse afectado por una disminución en la generación (oferta) de energía eléctrica con lo que se impide cubrir toda la demanda de los consumidores o, en el otro extremo, cuando desde la distribución se adopta reducir la compra de energía requerida para satisfacer esa demanda. Ahí no importa la causa, técnica, financiera, etc., sino el efecto: déficit de energía eléctrica.
Dado que la energía no se almacena en grandes cantidades sino que tiene vocación de consumo, puede ocurrir en un momento determinado una sobre oferta o un exceso de la demanda, lo que en cualquiera de los casos por igual produce ese desequilibrio que implica consecuencias económicas importantes.
De ahí el interés de la programación y el esfuerzo para mantener el equilibrio instantáneo y garantizar la continuidad del servicio, acciones que implican involucramiento de los agentes del sector y del propio Organismo Coordinador (OC) para establecer las previsiones de esa oferta y demanda en las condiciones actuales.
Son las empresas distribuidoras las que declaran sus necesidades de energía para suplir la demanda de sus usuarios y en base a esta información se genera la oferta de parte de las empresas generadoras. Si esa declaración queda por debajo de la demanda real del sector, entonces tendremos un desbalance en la distribución.
Una publicación periodística reciente reporta que la demanda máxima de energía para el mes de julio había aumentado un 12.10% con relación al mismo período 2022, mientras que la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), por su lado y como respuesta a esa información, declaraba la existencia de suficiente capacidad de generación para suplir la demanda actual, colocando así el problema del desequilibrio o “déficit” energético en el segmento de la distribución de energía.
De su lado, el Organismo Coordinador (OC), en su portal web confirma que la capacidad de generación instalada en el SENI supera los 5,000 megavatios en consonancia con lo indicado por la ADIE, por lo que el tema de la limitación del suministro en el servicio eléctrico se ubica efectivamente del lado de las distribuidoras.
Hay coincidencia en afirmar la necesidad de inversiones importantes en el segmento de distribución para garantizar un servicio eficiente a la población y sobre esto se han señalado algunos elementos a los que se acusan como causa o impedimentos de que se concreticen esas inversiones, y presentados como justificativos de la precaria situación del suministro eléctrico.
En un artículo anterior ya indicábamos la necesidad de las inversiones en redes, tanto de transmisión como de distribución, para asegurar el servicio nacional de energía eléctrica (https://hoy.com.do/la-inversion-en-redes-electricas/) y precisamente esta ha sido la causa invocada para justificar el déficit de energía del lado de la distribución.
Además, se agrega la práctica de disponer que el servicio sea “gestionado” por las distribuidoras a raíz del alto consumo de energía como forma de amortiguar su impacto esencialmente en las finanzas de las empresas, lo que obviamente imposibilita que se pueda atender toda la demanda de energía eléctrica de la población provocando los conocidos apagones.
Cuando se habla de “sistema” hay que considerar que cada segmento debe operar en sintonía, enlazado con el resto, para que pueda responder de manera eficiente en los tiempos y condiciones requeridos.
La generación, transmisión y la distribución son los componentes vitales para que el SENI opere eficientemente, por lo que no es justificable que uno de los segmentos del sistema se encuentre en situación de desbalance en la prestación de un servicio público como la electricidad.
Conciliar la disponibilidad de generación con la demanda de energía seguirá siendo un reto para el sector y el mayor sufrimiento para los consumidores, hasta el día en que finalmente se disponga ejecutar las inversiones requeridas en distribución y así dejen de ser excusas.