Múltiples organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Unida, sector empresarial y la ciudadanía, denunciaron que el Congreso Nacional, diputados y senadores, no quieren aprobar el Código Penal hasta que no se penalice con cárcel la libertad de expresión contra la imposición de iniciativas legislativas y proyectos que contemplan la inclusión de la figura de la orientación sexual.

Los representantes del movimiento Somos la Resistencia, Vida, Familia y Nación que agrupan sectores civiles, religiosos, empresariales, como Jucum, Fomudevi, RD Inclusiva, Funejid, el Colectivo de Abogados en Defensa de la Vida y la Constitución, entre otros, denunciaron que los legisladores pretenden aprobar un Código Penal inconstitucional, en el cual se penalice la libertad de expresión con prisión. 

La libertad de expresión no debe ni puede ser reglamentada por la vía legislativa, ya existen mecanismos legales establecidos para reclamar derechos y reparaciones cuando las personas se sienten afectadas por una expresión que entienden les afectan, ya sea en su dignidad o en su moral. 

Resaltaron que organismos internacionales representantes de la comunidad LGBT han presionado al presidente Luis Abinader y al Congreso Nacional para que se penalice con cárcel todo aquel que se exprese en contra de la ideología de género y la imposición de leyes por orientación sexual.

Denunciaron que bajo la falsa intención de proteger a los homosexuales de una discriminación que tienen derecho a reclamar y exigir su reparación como cualquier otra persona cuando les afecta, pero de ninguna manera puede constituir un avance  encarcelar a los ciudadanos, eliminando su derecho a expresarse libremente.

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Denunciaron que algunos diputados y senadores incluyendo el ejecutivo, han introducido el término de orientación sexual, obligando a las familias y empresas a obedecer mandatos inconstitucionales.

Al mismo tiempo que la Primera Dama, CONANI y el Seguro Nacional de Salud, inauguran Unidades de Atención Integral de Adolescentes donde adoctrinarán a los adolescentes en ideología de género, con la aplicación de la Guía de Atención Integral para Adolescentes del Ministerio de Salud Pública y que les entregamos a ustedes.

Alertaron que si esa guía es aplicada, entonces, desde el Gabinete de Niñez y Adolescencia que preside la primera dama Raquel Arbaje se estaría orientando a las jóvenes a aceptar sus orientaciones sexuales ya que la misma menciona que la heterosexualidad no es la única forma de sexualidad, que no  se puede minimizar el embarazo en hombre y mujeres LGBT y elimina la patria potestad de los padres en la crianza de sus hijos, pues esta guía considera como adolescentes a los menores desde los 10 años y hasta los 19 años, incluye dentro de sus páginas el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes e incluso indicando que los adolescentes, en el rango de edades señalados, tienen derecho a recibir atenciones médicas en cuanto a sus derechos sexuales sin el consentimiento o siquiera la información dada a sus padres, remitiéndolos a participar en grupos de apoyo de reafirmación a su identidad sexual sin la participación familiar, todo eso es parte de la agenda 20-30 en sus ODS-4 y ODS-5.

Precisaron que el presidente Abinader a través del Código Penal y la Ley de Ciberdelincuencia, busca penalizar con hasta cuatro (04) años de prisión, a todo aquel que se exprese libremente y con respeto, contra la comunidad LGBT.

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Además, destacaron que es la primera vez en la historia democrática de la República Dominicana, que un presidente busca coartar la libertad de expresión y libertades religiosas, en contra de la Constitución.  

Así mismo, resaltaron que mientras Estados Unidos deroga el aborto a nivel federal, el Congreso Nacional incentiva la comisión del delito, estableciendo penas leves contra los infractores y cómplices.

Expresaron que el pueblo dominicano rechaza el aborto porque es un asesinato a inocentes, y están cansados de legisladores que sólo buscan coartar el derecho a la vida, la libertad de expresión y la familia constitucional, asegurando que en las próximas elecciones no votarían al Congreso a todo el que se oponga a esos preceptos.

El conglomerado de organizaciones exigieron al Congreso Nacional aprobar el Código Penal Constitucional, aumentando las penas para el aborto, eliminando la orientación sexual y protegiendo la patria potestad de las familias dominicanas.

Solicitamos además que retiren todos los proyectos de leyes  mordazas y terminen con la práctica de estar introduciendo proyectos de leyes enlatados provenientes de otros países para cumplir con la agenda 20-30 y que  nada tienen que ver con nuestra cultura y principios fundacionales.

Advirtieron al Presidente Abinader y los legisladores que no permitirán que se elimine la libertad de expresión ni las libertades constitucionales, aunque esto signifique trabajar unidos para lograr un cambio de gobierno en las próximas elecciones.